La Confiep expresó su rechazo por la disposición del gobierno de revisar los permisos de uso de agua que la Autoridad Nacional del Agua (ANA) otorgó en forma técnica al proyecto minero Quellaveco, luego de un exhaustivo proceso de análisis y revisión que demandó más de 10 años garantizando que el proyecto no afectará las fuentes de agua que abastecen a Moquegua y Arequipa.
“Que un proyecto de US$5,500 millones, de gran impacto favorable al país, se vea paralizado por consideraciones políticas desencadenará una enorme incertidumbre sobre el Perú como destino de inversiones, además de afectar a los aproximadamente 4,000 trabajadores de Quellaveco, poniendo también en riesgo los 32,000 puestos de trabajo indirectos que están siendo generados por esta importante inversión”, dijo la entidad gremial de los empresarios en el Perú.
Con anterioridad, la ANA hizo análisis detallados del caso y concluyó que el uso por parte de Quellaveco del agua inadecuada para consumo humano o agrícola del río Titire no afectaría la disponibilidad de ese líquido vital para los agricultores de Arequipa al haberse construido la represa de Vizcacha, la cual permitiría reemplazar el caudal del río Titire por agua fresca de buena calidad para la cuenca del río Tambo.
La Confiep demanda al Gobierno “a actuar con coherencia con sus declaraciones respecto al desarrollo de proyectos de inversión que son necesarios para el país y que han sustentado su viabilidad y sostenibilidad ante los organismos técnicos competentes del Estado peruano”. “Una intromisión política a un proceso técnico constituye un mal precedente para la competitividad del país”, añadió.
El cambio de reglas de juego ahuyenta a los inversionistas, cuyo capital es esencial para generar empleo formal y generar los recursos que necesita el Perú para cerrar sus brechas sociales, así como reactivar su economía. Por otro lado, cabe resaltar que esta no es la primera vez en que las medidas del gobierno generan inestabilidad para la industria minera. A este episodio se suma el anuncio ilegal que realizó la PCM en noviembre pasado sobre el cierre de cuatro minas en Ayacucho, así como la falta de capacidad de gestión en torno al conflicto con Las Bambas, que a la fecha opera al 50% de su capacidad por los constantes conflictos sociales y la pérdida de institucionalidad en la zona.
Fuente: Energiminas