La Fiscalía Especializada en Delitos de Trata de Personas del Distrito Fiscal de Tacna logró que el Poder Judicial imponga sentencias condenatorias contra Herbert M. P., agente de seguridad del Complejo Fronterizo Santa Rosa, y contra el ciudadano chileno Ricardo V. P., por hechos vinculados al ingreso irregular de ciudadanos extranjeros al territorio nacional.
Los hechos se registraron el 18 de agosto de 2026, cuando personal de la Comisaría Rural PNP La Concordia, durante un operativo en la Garita N.° 02 del citado complejo fronterizo, intervino el vehículo chileno conducido por Ricardo V. P. (70). Pese a que el manifiesto de pasajeros lo registraba como único ocupante, en el interior del auto se halló a los ciudadanos venezolanos Andrés F. L. y Carmen L. B., así como a un menor de iniciales R.Z.Y.F. (07), de nacionalidad peruana, quienes no registraban ingreso migratorio al Perú.
Andrés F. L. declaró que el grupo provenía de Arica (Chile) y habría ingresado evadiendo el control migratorio, tras entregar treinta mil pesos chilenos a personal de seguridad de turno en la “rampa” del complejo. A raíz de ello, se intervino a Herbert M. P. (41), en cuyo morral se halló parte de dicho dinero, además de otras pertenencias.
Con estos elementos, la Fiscalía sostuvo la acusación contra ambos procesados. Herbert M. P. se acogió a la conclusión anticipada el 4 de septiembre de 2026, recibiendo 4 años, 8 meses y 21 días de pena privativa de libertad suspendida por 3 años, con reglas de conducta, inhabilitación y comiso de los 31 000 pesos chilenos incautados.
Ricardo V. P., quien no admitió los cargos, fue sentenciado el 10 de septiembre de 2026 tras juicio oral, a una pena de tres años y ocho meses de pena suspendida en su ejecución por un plazo de tres años, bajo reglas de conducta como no cometer nuevo delito doloso, no variar su residencia sin autorización judicial, comparecer cada 30 días al juzgado para control biométrico.
El fallo también impone la inhabilitación por un año para desarrollar actividades relacionadas con el transporte de pasajeros por cuenta propia, fija una reparación civil de 2.000 soles a favor de la parte agraviada y dispone el decomiso definitivo de la unidad vehicular (KIA Sportage 2014), con el cual se pretendía trasladar a los ciudadanos extranjeros, al constituir instrumento de delito.
Ministerio Púbico reafirma su compromiso en la persecución de estos delitos y en la protección de las víctimas, incluidos los menores de edad, actuando con firmeza frente a quienes facilitan estas conductas desde puestos de control fronterizo.