Por Ricardo Oviedo Zavala.
Tacna vuelve a recibir una importante inyección de recursos provenientes del denominado canon minero. Con la segunda transferencia efectuada por el Ministerio de Economía y Finanzas, la región acumula durante el 2026 la suma de S/ 786’686,118.62, aproximadamente un 10 % más que el año anterior. La cifra es auspiciosa y fortalece las finanzas de los gobiernos subnacionales. Sin embargo, detrás de este aparente éxito persiste una realidad que el país continúa postergando en relación a la distribución del canon que sigue siendo profundamente desigual.
Conviene recordar que este incremento no obedece solo a un aumento de la producción minera o a la expansión de las operaciones extractivas. Aquí hay que acotar que, en el caso de Toquepala, hace unos años se elevó el volumen de tratamiento del mineral de cobre de 60,000 toneladas anuales a 120,000 con la ampliación de la Planta Procesadora. A todo ello se suma el incremento de los precios internacionales de los minerales, circunstancia favorable, pero que podría variar en cualquier momento. Por ello, resulta un error asumir estos mayores ingresos como permanentes o como producto de una mejor política pública.
Las operaciones de la mina Toquepala, administradas por Southern Perú, constituyen el principal sustento de estas transferencias para Tacna. Gracias a esta actividad, la región dispone de recursos que deberían convertirse en obras de infraestructura, servicios públicos de calidad y mejores condiciones de vida para la población. Ese es, precisamente, el espíritu que inspiró la Ley del Canon; es decir, que la riqueza generada por la explotación de recursos naturales contribuya al desarrollo de las zonas donde se producen.
Lamentablemente, la práctica demuestra que ese objetivo dista mucho de cumplirse. La Ley N.° 27506 ha consolidado un esquema de distribución que concentra enormes recursos en determinados distritos, mientras otros municipios reciben montos insuficientes incluso para atender sus obligaciones administrativas más elementales. Esta brecha presupuestal termina reproduciendo desigualdades entre localidades que pertenecen a una misma región y comparten similares carencias en salud, educación, agua potable o infraestructura vial.
Ha llegado el momento de corregir esta distorsión. El nuevo Congreso tiene la obligación de revisar la Ley del Canon con criterios de equidad y visión de desarrollo regional. No se trata de despojar a las jurisdicciones productoras de los recursos que legítimamente les corresponden, sino de construir un mecanismo que permita que la riqueza minera beneficie de manera más amplia a toda la población.
El verdadero éxito del canon no se medirá por los millones transferidos cada año, sino por su capacidad para reducir desigualdades, cerrar brechas y generar oportunidades en todo el territorio. Mientras existan municipios, y gobiernos regionales, con abundancia de recursos frente a otros condenados a la escasez, el país seguirá administrando una riqueza que, en lugar de integrar, continúa dividiendo.