Representantes del Frente Regional de Defensa de Tacna, junto a dirigentes de diversos gremios, asociaciones, colectivos y organizaciones sociales, sostuvieron este martes 14 una reunión en la sede del Colegio de Arquitectos, donde expresaron de manera directa la indignación, preocupación y malestar de la población frente al traslado de internos de alta peligrosidad al penal de Challapalca.
Durante el encuentro se advirtió que esta decisión del Gobierno central representa un serio riesgo para la seguridad regional, el medio ambiente y las comunidades altoandinas. Los participantes coincidieron en que Tacna ya viene enfrentando asaltos, extorsiones y presencia de organizaciones delictivas, situación que afecta directamente a emprendedores, pequeños empresarios y al sector turismo, uno de los principales motores económicos de la región.
Asimismo, se cuestionó que los anuncios sobre la ampliación y uso del penal no habrían considerado la condición fronteriza de Tacna ni la falta de controles migratorios, policiales y de inteligencia. Los dirigentes denunciaron la escasez de personal en frontera, la limitada presencia policial en rutas alternas y la ausencia de controles biométricos, pese a los reiterados estados de emergencia que, según indicaron, no han mostrado resultados visibles.
Como resultado de la reunión, el Frente Regional de Defensa de Tacna se declaró en sesión permanente y otorgó un plazo de cinco días para exigir la presencia del presidente de la República en la región, a fin de tratar directamente esta problemática. De no obtener respuesta, no se descartan movilizaciones y medidas de protesta más radicales. La organización precisó que este encuentro forma parte de un proceso constante de análisis, diálogo y acción, reafirmando su compromiso de mantenerse activa, vigilante y en pie de lucha hasta que se adopten decisiones responsables y respetuosas con Tacna.
AUTORIDADES CUESTIONAN AL EJECUTIVO
Al respecto, el alcalde de Gregorio Albarracín y representante de la Asociación de Municipalidades del Perú (AMPE), Niel Zavala, cuestionó duramente la postura del Ejecutivo sobre el penal de máxima seguridad de Challapalca. Señaló que las declaraciones del jefe de Estado, José Jerí, constituyen una afrenta a la región y evidencian un desconocimiento de la realidad y de la autoridad regional.
Zavala anunció que se viene coordinando una reunión de emergencia con todos los alcaldes de la provincia de Tarata y otras autoridades, con el objetivo de establecer medidas contundentes que respalden la voluntad de la población.
Por su parte, el consejero regional Juan Ramos denunció que el incremento de internos en Challapalca agravará la contaminación del río Maure y la inseguridad en la región. Ramos propuso una estrategia de lucha en dos frentes: la movilización de las organizaciones de base y el liderazgo del gobernador Luis Torres en una comitiva integrada por alcaldes provinciales y distritales para viajar a Lima y dialogar directamente con el presidente de la República