Los congresistas por Tacna, Isaac Mita Alanoca y Nieves Esmeralda Limachi Quispe, expresaron su rechazo y profunda preocupación ante el anuncio del traslado de 100 internos de alta peligrosidad al establecimiento penitenciario de Challapalca, medida confirmada por el Instituto Nacional Penitenciario (INPE).
A través de un pronunciamiento público, el parlamentario Isaac Mita manifestó su “más enérgico rechazo” a esta decisión, señalando que fue adoptada sin considerar la opinión de las autoridades locales ni el sentir de la población tacneña. Precisó que los internos procederían de penales como Lurigancho, Ancón I, Miguel Castro Castro, Callao y Huaral, muchos de ellos procesados o sentenciados por delitos graves como sicariato, extorsión, homicidio, robo agravado y organización criminal.
“El traslado constituye una seria amenaza potencial para la seguridad ciudadana en nuestra región”, advirtió Mita, al remarcar que Tacna es una zona de paz y desarrollo que no puede seguir asumiendo decisiones centralistas que ponen en riesgo la tranquilidad de sus habitantes. Asimismo, cuestionó la política penitenciaria del Gobierno Central y alertó sobre el riesgo de que redes delictivas se asienten en la región a través de familiares o allegados de los internos trasladados.
En la misma línea, la congresista Nieves Limachi Quispe, mediante un pronunciamiento difundido en sus redes sociales, expresó su firme rechazo al traslado, señalando que si bien combatir la extorsión, el sicariato y el crimen organizado es urgente, ello no puede realizarse “a costa de poner en riesgo a Tacna y al sur del país”.
Limachi sostuvo que una decisión de esta magnitud debe garantizar máximos estándares de seguridad, control penitenciario efectivo y protección real a la población, además de brindar información clara y garantías concretas a la ciudadanía. “El Estado debe actuar con autoridad, pero también con responsabilidad. No a decisiones improvisadas que pongan en peligro a nuestra región”, enfatizó.
Finalmente, el congresista Isaac Mita exhortó al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y al INPE a reconsiderar la medida y anunció que desde el Congreso realizará las acciones de fiscalización correspondientes para salvaguardar los intereses y la seguridad del pueblo tacneño.
Ambos legisladores coincidieron en un mensaje común: Tacna merece respeto y decisiones responsables que no comprometan la seguridad ni la paz social de la región.