El pleno del Congreso aprobó delegar en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materias de seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad organizada, crecimiento económico responsable y fortalecimiento institucional por el plazo de 60 días calendario.
El texto sustitutorio de la Comisión de Constitución fue aprobado por 69 votos a favor 31 en contra y tres abstenciones.
De conformidad con el artículo 78 del Congreso de la República, el proyecto aprobado será materia de segunda votación transcurrido siete días calendario, informó el presidente encargado del Parlamento, Fernando Rospigliosi.
El texto sustitutorio precisa que «las medidas que se emitan en el marco de lo dispuesto en la presente ley no afectan la autonomía y competencias del Poder Legislativo, de los gobiernos regionales y locales ni de los organismos constitucionales autónomos que reconoce la Constitución Política del Perú. Tampoco vulneran derechos fundamentales ni inciden sobre procesos judiciales en trámite. La inobservancia de lo dispuesto en la presente disposición genera responsabilidad política o funcional, según corresponda».
Asimismo, se indica que las habilitaciones y modificaciones presupuestarias que requieran las materias delegadas se tramitan conforme a la Ley de Presupuesto, observando en todos los casos, bajo responsabilidad, lo dispuesto en los artículos 77, 78 y 80 de la Constitución Política del Perú. Asimismo que las medidas, cuya implementación requiere de recursos económicos, se ejecutan con cargo al presupuesto aprobado para cada sector.
Se precisa también que las materias delegadas no se encuentran exentas del Sistema Nacional de Control y que es deber del titular de cada sector informar a la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de la República de los avances del estado de implementación de las medidas legislativas que se emitan.
Durante el debate se rechazó la cuestión previa que proponía votar por separado el numeral 2.1.15 del texto sustitutorio del Proyecto de Ley 13280, para delegar en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de seguridad ciudadana y otras.
Dicho artículo establece fortalecer el marco penal y procesal aplicable a la minería ilegal, mediante la actualización de las sanciones y la incorporación de nuevas figuras delictivas que permitan una respuesta más eficaz frente a las distintas manifestaciones del fenómeno.
Fuente: Andina