En julio de 2025, mientras el país cerraba las celebraciones por Fiestas Patrias, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) adjudicó al Consorcio Vial Sama —integrado por la cuestionada compañía China Gezhouba Group— la obra de mejoramiento de la carretera Doble Vía Tacna–Boca del Río, valorizada en S/600 millones. La decisión se concretó pese a que un año antes, en 2024, Provías Nacional (PVN) había advertido de manera expresa sobre los riesgos de contratar con esta empresa, señalada por presuntas prácticas corruptas e investigada por deudas con la Sunat.
De acuerdo con un informe revelado por El Comercio, en febrero de 2024 el entonces director de PVN, Alexis Carranza, envió un oficio al Ministerio de Economía expresando su “gran preocupación” por la participación de Gezhouba y otras constructoras chinas vinculadas a investigaciones por pago de dádivas en obras ejecutadas durante el gobierno de Martín Vizcarra. El documento solicitaba incluso que la Procuraduría Anticorrupción evalúe imponer medidas preventivas para impedir que el Estado suscriba contratos con dichas compañías.
Carranza detalló en ese oficio observaciones sobre ocho contratos, incluyendo uno de Gezhouba, y citó el caso del Puente Carrasquillo (Piura), donde la adjudicación a esa firma fue cuestionada. La advertencia, sin embargo, no recibió respuesta, y un mes después, Carranza fue retirado de su cargo.
PROCESO BAJO SOSPECHA
La licitación de la Doble Vía Tacna–Boca del Río estuvo marcada por filtraciones de propuestas económicas, denuncias de presunto favorecimiento y hallazgos irregulares en el expediente. La presidenta del comité de selección, Flor Alfaro, llegó a alertar sobre una anotación que “podría interpretarse como una referencia clandestina a una modalidad de trato económico colusorio”.
A pesar de ello, el actual titular de PVN, José Palomino, aseguró que “no existió causal para anular” el proceso. Sin embargo, un oficio de la entonces jefa de la Oficina Jurídica, Natali Moreno, contradice esa versión, señalando que su área “en ningún momento ha expresado pronunciamiento” sobre el caso. Moreno fue retirada del cargo 11 días después.
Intentos de obtener la versión de Gezhouba, mediante llamadas, correos y visitas a su domicilio fiscal, no tuvieron respuesta.
SILENCIO Y DESCONOCIMIENTO OFICIAL
El viceministro de Transportes, Ismael Sutta, declaró que recién se enteró del caso el último fin de semana, pese a que en junio ya se habían enviado denuncias por correo electrónico sobre presuntas intenciones de favorecer a la empresa.
El caso de la Doble Vía Tacna–Boca del Río revive el debate sobre la transparencia en los procesos de licitación pública y el peso de las alertas técnicas en decisiones millonarias que comprometen recursos del Estado. Mientras tanto, las advertencias de 2024 parecen haberse diluido en el tiempo, y hoy la empresa que se pidió evitar se encuentra a cargo de una de las obras más costosas en la región sur.
En julio de 2025, mientras el país cerraba las celebraciones por Fiestas Patrias, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) adjudicó al Consorcio Vial Sama —integrado por la cuestionada compañía China Gezhouba Group— la obra de mejoramiento de la carretera Doble Vía Tacna–Boca del Río, valorizada en S/600 millones. La decisión se concretó pese a que un año antes, en 2024, Provías Nacional (PVN) había advertido de manera expresa sobre los riesgos de contratar con esta empresa, señalada por presuntas prácticas corruptas e investigada por deudas con la Sunat.
De acuerdo con un informe revelado por El Comercio, en febrero de 2024 el entonces director de PVN, Alexis Carranza, envió un oficio al Ministerio de Economía expresando su “gran preocupación” por la participación de Gezhouba y otras constructoras chinas vinculadas a investigaciones por pago de dádivas en obras ejecutadas durante el gobierno de Martín Vizcarra. El documento solicitaba incluso que la Procuraduría Anticorrupción evalúe imponer medidas preventivas para impedir que el Estado suscriba contratos con dichas compañías.
Carranza detalló en ese oficio observaciones sobre ocho contratos, incluyendo uno de Gezhouba, y citó el caso del Puente Carrasquillo (Piura), donde la adjudicación a esa firma fue cuestionada. La advertencia, sin embargo, no recibió respuesta, y un mes después, Carranza fue retirado de su cargo.
PROCESO BAJO SOSPECHA
La licitación de la Doble Vía Tacna–Boca del Río estuvo marcada por filtraciones de propuestas económicas, denuncias de presunto favorecimiento y hallazgos irregulares en el expediente. La presidenta del comité de selección, Flor Alfaro, llegó a alertar sobre una anotación que “podría interpretarse como una referencia clandestina a una modalidad de trato económico colusorio”.
A pesar de ello, el actual titular de PVN, José Palomino, aseguró que “no existió causal para anular” el proceso. Sin embargo, un oficio de la entonces jefa de la Oficina Jurídica, Natali Moreno, contradice esa versión, señalando que su área “en ningún momento ha expresado pronunciamiento” sobre el caso. Moreno fue retirada del cargo 11 días después.
Intentos de obtener la versión de Gezhouba, mediante llamadas, correos y visitas a su domicilio fiscal, no tuvieron respuesta.
SILENCIO Y DESCONOCIMIENTO OFICIAL
El viceministro de Transportes, Ismael Sutta, declaró que recién se enteró del caso el último fin de semana, pese a que en junio ya se habían enviado denuncias por correo electrónico sobre presuntas intenciones de favorecer a la empresa.
El caso de la Doble Vía Tacna–Boca del Río revive el debate sobre la transparencia en los procesos de licitación pública y el peso de las alertas técnicas en decisiones millonarias que comprometen recursos del Estado. Mientras tanto, las advertencias de 2024 parecen haberse diluido en el tiempo, y hoy la empresa que se pidió evitar se encuentra a cargo de una de las obras más costosas en la región sur.