POR: ÓSCAR VALDÉS DANCUART
La democracia tiene como pilares a los partidos políticos. Estos agrupan a los ciudadanos de todas las tendencias, en base a idearios, y se constituyen en estructuras a lo largo y ancho del territorio nacional.
Cada periodo electoral, las organizaciones elaboran o actualizan sus planes de gobierno que ofrecerán a los electores y que se constituirán en la solución de todos sus problemas en el corto, mediano y largo plazos, buscando siempre el bien común.
En Perú, a lo largo de su historia, se han conformado partidos de izquierda, derecha, liberales, conservadores, civilistas, etc. Muchos de ellos han sido aves de paso en la política nacional, ya que sólo permanecieron en acción lo que duraron sus líderes en la arena política. Otros continúan, pero, lamentablemente, son pocos.
En las últimas décadas se ha evidenciado más de lo mismo, es decir, partidos con líderes cuya imagen ha representado corrientes como el Odriismo, Aprismo, Fujimorismo y otros que han superado la figura de sus lideres fundadores como es el caso de Acción Popular, Partido Popular Cristiano, para citar a los más representativos.
Es necesario resaltar que a inicios del nuevo siglo se han formado agrupaciones liderados por aventureros y mercantilistas de la política que lo único que les interesa es lograr su bienestar personal y para ello no escatiman en invertir mucho dinero en su partido “SAC” (Sociedad Anónima Cerrada) con tal de formar estructuras que les obedezcan ciegamente, ya que funcionan como empresas privadas donde el dueño selecciona los cuadros, su ubicación en las listas electorales y les paga salario y gastos de campaña en todo el país. Luego, cuando se convierten en autoridades, ya sea en los gobiernos nacional, regional o local, cumplen todas sus órdenes y propósitos, a pesar de conocer de que pie cojea el dueño y de su incapacidad moral, intelectual y profesional.
Así como existen todos estos “fenómenos” de la política nacional, también están presentes en la arena política los grupos de interés que actúan en la informalidad, como los mineros ilegales, narcotraficantes, tratantes de personas y empresarios ilegales de toda magnitud (caso Odebrecht, OAS, Club de la Construcción y otros), quienes a través de sus aportes de campaña tendrán un peso específico en las decisiones del futuro gobernante para sus oscuros intereses.
En Perú, existen leyes que permiten el aporte del Estado y la empresa privada para financiar a los partidos, ya que todos sabemos que estos no necesariamente tienen el dinero para aportar gastos de campaña ni menos para el funcionamiento de los mismos. Esta fragilidad económica de las organizaciones políticas impone que exista un estricto control del dinero que ingresa a sus cuentas y sea fiscalizado para evitar un mal gasto de los fondos estatales, así como del dinero mal habido que pudiera provenir del financiamiento privado.
Finalmente, esperamos que luego del proceso electoral del 2026 sobrevivan aquellos partidos que realmente sean vehículos de una participación política de los ciudadanos acorde al gran país que merecemos ser.
Fuente: La Razón