El Congreso de la República ha sido objeto de críticas tras la entrega de un bono por escolaridad equivalente a un sueldo completo a sus trabajadores, sin importar si tienen hijos menores de edad. Este pago, realizado en enero de 2025, benefició a 3,382 empleados del régimen laboral 728 y a 562 pensionistas, sumando un total que superó los S/ 25 millones.
La polémica surge porque el beneficio, que en teoría debería cubrir gastos educativos, fue entregado sin restricciones, lo que significa que incluso trabajadores sin hijos recibieron el pago. A esto se suma que los empleados del Congreso ya habían recibido en enero otro bono de S/ 20,000, generando cuestionamientos sobre los elevados gastos en beneficios dentro de la institución.
𝐅𝐚𝐥𝐭𝐚 𝐝𝐞 𝐜𝐫𝐢𝐭𝐞𝐫𝐢𝐨 𝐞𝐧 𝐞𝐥 𝐮𝐬𝐨 𝐝𝐞 𝐫𝐞𝐜𝐮𝐫𝐬𝐨𝐬 𝐩ú𝐛𝐥𝐢𝐜𝐨𝐬
Expertos y ciudadanos han criticado la falta de criterios claros para la entrega de estos beneficios, señalando que el Congreso maneja fondos públicos sin priorizar las necesidades reales. Mientras otros sectores enfrentan restricciones presupuestarias, el Parlamento destina sumas millonarias en bonificaciones sin justificación suficiente.
𝐃𝐞𝐧𝐮𝐧𝐜𝐢𝐚𝐬 𝐝𝐞 “𝐭𝐫𝐚𝐛𝐚𝐣𝐚𝐝𝐨𝐫𝐞𝐬 𝐟𝐚𝐧𝐭𝐚𝐬𝐦𝐚𝐬” 𝐚𝐠𝐫𝐚𝐯𝐚𝐧 𝐞𝐥 𝐩𝐫𝐨𝐛𝐥𝐞𝐦𝐚
A la controversia por los bonos se suma una grave denuncia del congresista Carlos Anderson, quien advirtió sobre la existencia de hasta 4,500 “trabajadores fantasmas” en el Congreso. Según sus declaraciones, existen empleados que figuran en planilla, pero que no cumplen funciones reales ni se presentan en el Parlamento.
En una entrevista, Anderson propuso realizar una verificación presencial, convocando a los trabajadores a la Plaza Bolívar para pasar lista y comprobar quiénes realmente laboran en la institución.
“Si los reunimos y pasamos lista, veremos que no están. Es evidente que hay mucha gente cobrando sin trabajar”, afirmó Anderson, quien también cuestionó la presencia de más de 100 empleados en el área de comunicaciones del Congreso, sin que se refleje un impacto real en su trabajo.
𝐅𝐚𝐥𝐭𝐚 𝐝𝐞 𝐟𝐢𝐬𝐜𝐚𝐥𝐢𝐳𝐚𝐜𝐢ó𝐧
El congresista también criticó la falta de supervisión y control, responsabilizando a la Contraloría por no tomar medidas efectivas. “La Contraloría no hace nada, está pintada. Necesitamos auditorías externas con credibilidad”, sostuvo.
Esta falta de control permite que el Congreso maneje el dinero público sin transparencia, tanto en la contratación de personal como en la entrega de beneficios cuestionables. Mientras se aprueban bonificaciones millonarias y presuntos empleados cobran sin trabajar, otras instituciones enfrentan recortes presupuestarios y carencias en servicios esenciales.
¿𝐐𝐮é 𝐦𝐞𝐝𝐢𝐝𝐚𝐬 𝐬𝐞 𝐭𝐨𝐦𝐚𝐫á𝐧?
Hasta el momento, ni la Mesa Directiva del Congreso ni la Contraloría han anunciado investigaciones formales sobre estos hechos. Sin embargo, la presión mediática y el rechazo ciudadano podrían forzar al Parlamento a dar explicaciones sobre el manejo de los recursos públicos y la existencia de trabajadores en planilla que no cumplen funciones reales.
𝐂𝐨𝐧𝐜𝐥𝐮𝐬𝐢ó𝐧: 𝐔𝐧 𝐂𝐨𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐨 𝐜𝐨𝐧 𝐬𝐞𝐫𝐢𝐨𝐬 𝐩𝐫𝐨𝐛𝐥𝐞𝐦𝐚𝐬 𝐝𝐞 𝐠𝐞𝐬𝐭𝐢ó𝐧 𝐲 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐬𝐩𝐚𝐫𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚
La combinación de gastos excesivos, beneficios sin criterio y presunta contratación irregular de trabajadores evidencia un problema estructural en la administración del Congreso. La falta de transparencia y fiscalización deja serias dudas sobre el correcto uso de los fondos públicos en una institución que debería ser ejemplo de eficiencia y responsabilidad.
Fuente: IAGP – Instituto Académico de Gestión Pública