Escribe: Ricardo Oviedo Zavala.
“La minería es el sector de lejos más importante. Es un sector clave que representa el 12% del PBI en el país y el 60% de las exportaciones nacionales, un sector que ha crecido 14 veces en los últimos 20 años, convirtiéndose en un generador importante de empleo y de impuestos al Estado”. De esa manera calificó al sector minero el ministro de Economía y Finanzas, Alex Contreras, en su intervención la semana pasada en Perumin 36 Convención minera llevada a cabo en Arequipa.
Añadió que existe un paquete de proyectos mineros que bordean los 50,000 millones de dólares y que se está trabajando para que salgan adelante. Para ello, aseguró que no habrá modificaciones tributarias en el sector. El ministro ha asegurado que, en forma paralela a la concretización de los proyectos mineros, se está trabajando en la lucha contra la informalidad, la ampliación de la base tributaria y la mejora significativa de la hacienda.
Las intenciones del ministro Contreras, sin embargo, no salen del discurso para este tipo de eventos porque no se han delineado aún las políticas públicas de este gobierno para definir el rumbo del país para los próximos años, incluyendo las condiciones adecuadas que deben darse para inversiones tan necesarias como las orientadas a la actividad minera. No dejan de ser ciertas las cifras señaladas. La minería representa el 12% del PBI y es un factor importante, al igual que el agro, en el desarrollo del país. Han permitido la estabilidad de la macroeconomía aún en temporadas de crisis severas como la generada por la pandemia.
Los anuncios del ministro Contreras deberían estar acompañados de acciones. Su referencia gaseosa respecto a la informalidad no ha sido encauzada a la minería informal, en donde –solo por el tráfico ilegal del oro en zonas como Puno y Madre de Dios- representa una importante disminución de ingresos al erario y el aprovechamiento de países como Bolivia con esta modalidad ilegal del tráfico del oro. ¿Qué medidas está tomando el gobierno para tratar este tema?
Tampoco ha aclarado el señor ministro que, de esos 50 mil millones de dólares para la inversión minera –los mismos que generarían un porcentaje importante de empleo y Canon minero, la mayor parte de ellos no quieren instalarse en el país porque consideran que estamos en un periodo de ingobernabilidad. Las inversiones vendrán cuando se den las condiciones que aseguren su capital. Es decir, que se eliminen los rezagos del narcoterrorismo, que los índices de la delincuencia bajen a estándares normales, que se dicten políticas públicas que aseguren la atención de las secuelas generadas por los cambios climáticos, que se arreglen los conflictos sociales, entre otros. Mientras no haya una acción decidida del gobierno a limpiar la casa para que se instalen los capitales nacionales y extranjeros, las inversiones seguirán en stand by. Políticas públicas y factores de confianza para las inversiones, parecen ser los factores que se necesitan para paliar la crisis nacional.
Así están las cosas.