El presidente del Instituto de Ingenieros de Minas (IIMP), Abraham Chahuan, informó que el Perú perdió casi 700 mil millones de soles por proyectos mineros no ejecutados desde el 2007 al 2022.
Esta inversión corresponde a 23 proyectos retrasados principalmente por conflictos sociales y otros factores (trámites). El proyecto Tía María, en el Valle de Tambo, es en la actualidad el caso más emblemático.
También mencionó que debido a esta no ejecución de los proyectos se calculó que se perdieron 666 mil empleos y cerca de 1.7 millones de personas no pudieron dejar la pobreza en el país. “La influencia y el impacto que tiene la minería en la cadena productiva es indudable”, señaló.
“La minería paró la olla este año (en relación a Quellaveco). Necesitamos no solo producir lo que tenemos o extender proyectos. Tenemos que generar nuevos proyectos que garanticen el crecimiento de la economía”, dijo.
POLÍTICA MINERA
Consideró que los países necesitan una política de desarrollo minero definida debido a que, si tenemos un plan estratégico articulado con todos los actores: la empresa privada, la academia, el gobierno, permitirá tener claro el siguiente proyecto, cómo destrabarlo y los desarrollos que se deben llevar a determinada región.
También criticó que la obtención de permisos todavía sea lenta y retrase aún más las inversiones privadas. “Un permiso no puede demorar tres años. Tenemos que trabajar para acelerar los tiempos cumpliendo con los más altos estándares mundiales y que a la vez el tiempo no sea la mayor restricción”, precisó.
Confió que el Estado trabaje de la mano con la empresa privada para que salgan las iniciativas privadas. “Queremos que el Estado tenga la claridad de un plan estratégico minero. Ojalá no se nos pase la oportunidad. Veo un potencial en la demanda que no le he visto antes y está basado un cambio de mentalidad de la población que quiere una transición energética, eso es con cobre, y lo tenemos”, dijo.