La Contraloría General detectó un perjuicio económico de S/ 1 633 390 en la obra Mejoramiento de los servicios de salud del Centro de Salud Metropolitano, causado por el pago de equipos médicos que no cumplían las especificaciones técnicas y la aprobación de una ampliación excepcional del plazo para la ejecución de la obra.
Mediante Informe de Auditoría de Cumplimiento N°016-2023-2-5352-AC, la Entidad Fiscalizadora Superior revisó el proceso de ejecución de la obra entre marzo del 2019 a diciembre del 2020, lo cual permitió detectar que el Gobierno Regional de Tacna aprobó valorizaciones de obra en las que se contempló el pago de equipos médicos que no cumplen las especificaciones del expediente técnico, lo cual ocasionó que se reconozca un pago a favor del contratista por S/ 501 635 e impidieron la aplicación de penalidades por un monto de S/ 1 067 567.
Entre los equipos de salud observados figuran un desfibrilador externo automático, sellador de bolsas, equipo de rayos x dental rodante digital, esterilizador con generador eléctrico de vapor a 50 litros, refrigeradora para laboratorio de 14 pies cúbicos, ecógrafo portátil y congeladora horizontal de vacunas, así como la ambulancia urbana tipo I.
Asimismo, la comisión de control determinó que la Entidad aprobó una ampliación excepcional de plazo para la culminación de la obra con base en la ejecución de una partida que no afectaba la ruta crítica, lo cual generó que el Gobierno Regional de Tacna reconozca y pague mayores gastos y costos e impidió la aplicación de S/ 114 190,29 en penalidades.
Por estos hechos la Contraloría General identificó responsabilidad civil y/o administrativa a cuatro ex funcionarios del Gobierno Regional de Tacna quienes se desempeñaron como coordinadores de obra e integraron el comité de recepción.
El informe de Auditoría de Cumplimiento que se encuentra publicado en el Buscador de Informes de Servicios de Control y el portal www.gob.pe/contraloria fue remitido al Gobernador Regional de Tacna para el deslinde de las responsabilidades que correspondan de los funcionarios y servidores públicos comprendidos en los hechos. Asimismo, se comunicó a la Procuraduría Pública de la Contraloría General para iniciar las acciones civiles en contra de los involucrados.