La Defensoría del Pueblo y el Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile, emitieron un pronunciamiento conjunto, donde solicitan atender la crisis migratoria en la frontera, entre las ciudades de Tacna y Arica.
Precisamente el pasado 10 de mayo, en el marco de una misión conjunta, la defensora del pueblo de Perú en funciones, Eliana Revollar, y la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) de Chile, Consuelo Contreras, sostuvieron un encuentro binacional en el Complejo Fronterizo de Chacalluta (Arica) para atender la actual crisis migratoria.
La reunión tuvo como propósito la coordinación institucional de actividades y acciones que favorezcan el respeto y protección de los derechos humanos de las personas extranjeras que están en la zona fronteriza y buscan regresar a sus países de origen, en especial a Venezuela.
Otro objetivo del encuentro fue contribuir a optimizar los procedimientos para el flujo migratorio de los grupos de especial protección, como niñas, niños, adolescentes, mujeres gestantes, personas con discapacidad, personas adultas mayores, entre otros.
En el encuentro la Defensoría del Pueblo y el INDH tuvieron presente que tanto Chile como Perú son signatarios de convenciones e instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, universales y regionales.
Además, ambos países están sujetos al ordenamiento jurídico internacional de los derechos humanos en cuanto al respeto y protección de los derechos de todas las personas, en particular aquellas especialmente vulnerables que estén dentro de su jurisdicción, indistintamente de la nacionalidad o condición migratoria.
Tanto la defensora del pueblo de Perú como la directora del INDH coincidieron en que, actualmente, es motivo de alerta la situación de personas migrantes y refugiadas que están en la frontera, en especial los grupos vulnerables que carecen de acceso a servicios básicos, como protección, alimentación, vestido, agua potable y servicios higiénicos, entre otros.
Se recalca que están expuestas a ser captadas por organizaciones de trata y tráfico ilícito de migrantes, que han puesto en riesgo su derecho a la vida e integridad personal por más de 28 días.
Debido a esta situación, como instituciones nacionales de Derechos Humanos se acordó lo siguiente:
-Instar a los gobiernos de Chile y Perú a observar las normas universales y regionales de derechos humanos para atender la actual crisis migratoria, teniendo como premisa la dignidad de las personas migrantes y la necesidad de protección internacional, así como las poblaciones de acogida; por lo cual, debemos requerir sensibilidad y empatía con nuestros hermanos en condición de vulnerabilidad.
-Recordar a los gobiernos de Perú y Chile que los controles migratorios recaen en las autoridades migratorias, pudiendo estas requerir el apoyo de personal policial y militar, a fin de resguardar las fronteras y disminuir el uso de pasos clandestinos.
-Promover que las autoridades migratorias formulen lineamientos de actuación claros que agilicen la identificación y atención para el control migratorio de la población extranjera en situación de vulnerabilidad ubicada en zonas de frontera y que tienen la intención de regresar a sus países.
-Exhortar a las autoridades nacionales de Chile y Perú a adoptar de forma clara, eficiente y oportuna medidas contingentes de apoyo humanitario, en coordinación con la cooperación internacional, en las ciudades fronterizas de Arica y Tacna, a efectos de asegurar la identificación, evaluación y debida atención de las personas (protección, atención médica, alimentación, vestido, alojamiento temporal, entre otras).
-Instar a los gobiernos a reforzar, de forma urgente, las coordinaciones y el diálogo interestatal con Ecuador, Colombia, Bolivia, Venezuela y Haití que permitan garantizar un retorno ordenado, seguro, regular y ágil de la población extranjera que tiene voluntad de regresar a sus países de origen.
-Promover el trabajo articulado con las defensorías del pueblo de Ecuador, Colombia y Venezuela para brindar información actualizada sobre los requisitos de ingreso y salida de los países parte de la ruta migratoria de las personas refugiadas y migrantes.
-Promover acciones conjuntas con los estamentos de la sociedad civil, entidades públicas y organizaciones de cooperación internacional para sensibilizar sobre la problemática de la migración, con el propósito de alcanzar una verdadera cultura de paz y derechos humanos en nuestras sociedades.
Fuente: Andina