La Defensoría del Pueblo expresa su preocupación por la grave situación de indefensión y abandono de personas, en diversas vías de comunicación, imposibilitadas de llegar a su destino al haber sido interrumpidas las diferentes rutas de circulación nacional, como consecuencia de la convulsión social.
– Hacemos un llamado urgente a gobernadoras/es regionales y alcaldesas/es provinciales y distritales para que actúen de acuerdo a sus competencias y dispongan de inmediato y dentro de sus jurisdicciones, la entrega de agua segura y alimentos que requieren las personas afectadas, hasta llegar a su destino final.
– En este sentido, estas autoridades, cuyo mandato está vigente, en coordinación con las gerencias de desarrollo social y demás instancias, deben desarrollar una labor rápida, proactiva y efectiva en favor de la ayuda humanitaria, lo que implica no solo disponer del presupuesto a su cargo sino, también, gestionar donaciones que pueden prodigar las personas o entidades privadas que existen en sus localidades.
– Instamos a las direcciones regionales de salud (Diresa) y a las redes de salud a organizar las brigadas de asistencia, las mismas que deben atender en el lugar donde se encuentran las personas perjudicadas, priorizando la atención de niñas y niños, así como personas adultas mayores y aquellas con alguna discapacidad. Asimismo, prestar especial atención a las personas que, por diversas dolencias de salud, estaban siendo referidas a centros de salud de mayor complejidad, lo que no ha sido concretado por la toma de carreteras.
– Además solicitamos a los gobiernos regionales planear y definir rutas para el traslado de la ayuda humanitaria, conjuntamente con los/las respectivos/as alcaldes/as provinciales y locales, así como con las unidades policiales y militares de las regiones que tengan jurisdicción en puntos del recorrido, para que brinden seguridad a las unidades de transporte, previas acciones de inteligencia y de sensibilización a la población de las localidades de paso.
– Finalmente, demandamos a la población en general a no interrumpir el tránsito de los vehículos de pasajeros, ambulancias, bomberos o similares, ya que comprometen la salud y vida de otras personas.
La Defensoría del Pueblo, en atención a sus competencias constitucionales y a través de sus cuarenta sedes a nivel nacional, viene y seguirá realizando el atento seguimiento y el desarrollo de acciones que contribuyan a garantizar los derechos fundamentales de las/los ciudadanas/os afectadas/os.