En el marco del megaoperativo de control en Tacna, la Contraloría General detectó un perjuicio de S/ 187 893 en el Hospital Regional Hipólito Unanue, por el pago de bono covid-19 a personal administrativo que no cumplía los requisitos establecidos para obtener dicho beneficio ni realizaron labores efectivas entre marzo y diciembre del año 2020.
El Decreto de Urgencia N°026-2022 autorizó el pago de una bonificación a los servidores de salud que presten servicios de alerta y respuesta en el marco de la pandemia, en las Unidades de Ciudadanos Intensivos (UCI), hospitalización o aquellos que realicen vigilancia epidemiológica y visitas domiciliarias, normativa que posteriormente fue modificada ampliándose los criterios a personal administrativo, como profesionales, técnicos o auxiliares asistenciales.
Sin embargo, mediante Informe de Control Específico N°015-2022-2-0667, la comisión de control detalla que en el listado de beneficiarios del bono covid-19, se incluyeron 75 servidores administrativos que realizaron labores no enmarcadas en los criterios establecidos por la norma y otros 66 trabajadores que hicieron uso de licencias por lo cual no realizaron labores efectivas.
Entre el personal administrativo que no debió recibir dicho incentivo monetario figuran analistas programadores, secretarias, auxiliares administrativos, contadores, especialistas administrativos, en desarrollo informático, presupuesto, técnicos administrativos, técnicos en comunicaciones, estadística, planificación, soporte técnico, trabajadores sociales, entre otros, pues los mismos no prestaron servicios de alerta y respuesta en el marco de la pandemia.
Cabe indicar que personal administrativo informó y confirmó a la Contraloría que no realizaron funciones en el marco del decreto supremo antes mencionado. Respecto a quienes no respondieron, la comisión de control verificó que por la naturaliza de sus cargos no se encuentran comprendidos dentro de los alcances y criterios establecidos para recibir la bonificación extraordinaria.
Por estos hechos se encontró responsabilidad civil y administrativa en seis funcionarios, por lo cual el informe fue remitido al titular del hospital para el deslinde de responsabilidades. Además, a la Procuraduría de la Contraloría General de la República para el inicio de las acciones legales de carácter penal y al Órgano Instructor para el proceso administrativo correspondiente.