En una entrevista la gobernadora regional de Moquegua, Gilia Gutiérrez Ayala, exhortó al presidente de la República a observar la autógrafa de la Ley N.° 11658, al considerar que la decisión del Ejecutivo será determinante para preservar la paz social y evitar un mayor conflicto territorial entre Moquegua y Tacna.
Durante la entrevista, Gutiérrez informó que este martes una delegación integrada por la gobernadora regional y los alcaldes de las tres provincias de Moquegua se trasladará al Congreso de la República. La concentración está prevista para las 8:00 a. m., con el propósito de solicitar una audiencia con la Presidencia del Parlamento y exponer la posición institucional de la región sobre la Ley N.° 11658.
La gobernadora señaló que uno de los principales cuestionamientos al procedimiento legislativo es que el Gobierno Regional de Moquegua no fue convocado por la Comisión de Descentralización del Congreso ni por la Secretaría de Demarcación Territorial de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) para participar en el análisis del proyecto.
Asimismo, recordó que durante 2025 el Gobierno Regional presentó una oposición formal a la iniciativa legislativa; sin embargo, el proyecto continuó su trámite hasta ser aprobado por el Pleno del Congreso.
Respecto al aspecto técnico, indicó que actualmente no existe una ley que establezca los límites definitivos entre Moquegua y Tacna, sino referencias cartográficas. Según manifestó, la modificación de los puntos de inicio de la demarcación alcanzaría sectores como Quebrada Honda, en el distrito de Torata, situación que, a criterio del Gobierno Regional, requiere una evaluación técnica previa.
La autoridad también afirmó que la controversia territorial tiene repercusiones en la distribución futura del canon y las regalías provenientes de la actividad minera, considerando las operaciones de Toquepala, Cuajone y Quellaveco.
Finalmente, señaló que la sociedad civil de Moquegua anunció un paro indefinido a partir del martes y consideró que corresponde al Ejecutivo adoptar una decisión que contribuya a evitar una mayor conflictividad social.