La Contraloría General de la República confirmó una grave crisis sanitaria y ambiental en el Desembarcadero Pesquero Artesanal (DPA) Morro Sama. De acuerdo con el Informe de Auditoría de Cumplimiento N.° 023-2026-2-5352-AC, durante el periodo comprendido entre mayo de 2025 y febrero de 2026, los recursos hidrobiológicos destinados al consumo humano fueron lavados con agua sin condiciones de inocuidad, debido al colapso del sistema de captación de agua de mar.
Esta situación se agrava por un problema ambiental de gran magnitud, originado por el vertimiento directo de efluentes industriales y domésticos al mar. La inoperatividad de los biodigestores y la rotura del emisor submarino —que descarga desechos a solo 280 metros de la orilla, en lugar de los 620 metros establecidos— han generado una severa degradación del ecosistema marino, incluyendo la desaparición de macrobentos (organismos que habitan en el fondo marino). Además, el sistema opera sin autorización de la Autoridad Nacional del Agua (ANA).
La HALLAZGOS ALARMANTES
La auditoría, que evaluó la gestión desde enero de 2023 hasta finales de 2025, reveló que los niveles de contaminación en los efluentes superan largamente los Límites Máximos Permisibles (LMP). Se detectaron concentraciones de Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO) y Demanda Química de Oxígeno (DQO) que exceden los 100 mg/L y 200 mg/L permitidos por ley, lo cual ha evidenciado un proceso de tratamiento nulo.
Asimismo, se reveló que el abandono y la falta de mantenimiento de los productores de hielo (en barra y escamas) causaron la pérdida funcional de equipos valorados en S/ 170 000,00. Pese a que la administración contaba con un diagnóstico técnico para su reparación, el documento fue ignorado, lo que permitió que la maquinaria quede inoperativa.
PAGOS IRREGULARES Y FALTA DE SANCIONES
La comisión de control también evidenció que el DPA otorgó conformidad y pago por el servicio de pintado de cámaras frigoríficas y oficinas sin que el servicio culminara. Lejos de sancionar el incumplimiento, la administración volvió a contratar al mismo proveedor, quien además carecía de inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP), lo que afectó el uso de los recursos públicos recaudados por el desembarcadero.
RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS
El informe señala una omisión sistemática de funciones, ya que los directivos tenían conocimiento desde febrero de 2025 sobre el funcionamiento deficiente de los biodigestores, en donde se observó materia orgánica en descomposición fuera del sistema, pero no realizaron acciones oportunas de reparación.