En una exhibición impúdica de populismo electoral y des precio por la estabilidad económica del país, el panorama minero peruano ha sido sacudido por una tenaza política que opera desde dos frentes: un Ejecutivo que «dialoga» con la informalidad y un Legislativo que, entre gallos y medianoche, ha decidido desmantelar el régimen de concesiones que sostuvo la inversión privada durante las últimas décadas. La aprobación de un dictamen en la Comisión de Energía y Minas no es un acto de justicia social; es un sabotaje técnico diseñado para capturar votos en las regiones donde la ilegalidad impone su propia ley.
EL IDILIO EN PALACIO
La señal de alerta se encendió en Palacio de Gobierno a inicios de marzo. Mientras los indicadores de inversión minera formal luchan por salir del estancamiento, el presidente José María Balcázar Zelada optó por abrir las puertas de la casa de Pizarro a la Confederación Nacional de Pequeños Mineros y Mineros Artesanales del Perú (Confemin Perú). Bajo el eufemismo de «escuchar desafíos», lo que se gestó fue una validación política de un sector que, en gran medida, transita por los grises de la informalidad y la evasión.
Este «diálogo directo» no es más que una ratificación de la debilidad del Ejecutivo frente a las presiones de grupos de interés que han convertido el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) en un escudo de impunidad. La Presidencia, a través de sus canales oficiales, intentó barnizar el encuentro como una muestra de democracia participativa, pero para los observadores del sector, el mensaje fue devastador: el Estado está dispuesto a negociar con quienes operan al margen de la ley mientras impone trabas insalvables a quienes cumplen con los estándares ambientales y tributarios. Este coqueteo presidencial ha sido el combustible necesario para que el Congreso acelere su propia agenda de demolición institucional.
EL PLAN DE JUNTOS POR EL PERÚ
Aprovechando la agitación política tras la caída del Gabinete Miralles, la Comisión de Energía y Minas, presidida por Víctor Cutipa (militante de Juntos por el Perú), perpetró lo que muchos especialistas consideran una «expropiación indirecta». Con 11 votos a favor —una amalgama de bancadas que incluye desde la izquierda radical de Perú Libre hasta el populismo de Acción Popular y Podemos Perú— se aprobó un dictamen que altera las reglas de juego de las concesiones mineras de forma irreversible.
El trasfondo ideológico es evidente. El texto recoge las pro- puestas del plan de gobierno de Roberto Sánchez, candidato presidencial de Juntos por el Perú, quien propone establecer la «propiedad social» de los medios de producción. La estrategia es tan simple como peligrosa: reducir drásticamente los plazos de caducidad de las concesiones de 30 a apenas 4 o 5 años. Bajo la premisa de eliminar las «concesiones ociosas», el Estado tendría la facultad de extinguir derechos mineros para entregárselos a cooperativas de mineros artesanales e informales.
Esta visión ignora, por pura ceguera ideológica o cálculo electoral, la realidad técnica del sector: un proyecto minero serio requiere entre 25 y 45 años para desarrollarse, y solo la fase exploratoria puede superar los 18 años. Reducir los plazos a un lustro es, en la práctica, confiscar la inversión exploratoria para dársela en bandeja de plata a un modelo cooperativista que, históricamente, ha servido de fachada para la minería ilegal y la degradación ambiental.
VOTACIÓN Y ACTORES CLAVE
La aprobación del dictamen se consolidó con 11 votos a favor, 1 en contra y 3 abstenciones. Entre los congresistas que respaldaron la iniciativa se encuentran Víctor Cutipa y Rober- to Sánchez (Juntos por el Perú), Wilson Soto, Carlos Alva (Acción Popular), Guido Bellido y José Arriola (Podemos Perú), Pasión Dávila (Bancada Socialista), Elizabeth Medina, Héctor Valer (Somos Perú), Kelly Portalatino (Perú Libre) y Segundo Quiroz (Alianza para el Progreso).
Solo la congresista Diana Gonzales (Avanza País) votó en contra, mientras que Esdras Medina, Miguel Ciccia y Jorge Montoya (Renovación Popular) se abstuvieron. El presidente de la comisión, Víctor Cutipa, militante de Juntos por el Perú, aceleró la votación agrupando nueve proyectos de ley que buscaban introducir cambios sustanciales en el régimen de concesiones, consolidando así la influencia del sector izquierdista en la agenda legislativa.
Este respaldo de la comisión refleja la intención de introducir medidas que priorizan a pequeños y medianos mine- ros, pero al mismo tiempo abre dudas sobre los efectos en la estabilidad jurídica, la inversión extranjera y la confianza empresarial en un sector que representa cerca del 10 % del PBI y exportaciones por más de USD 61 849 millones en 2025.
¿EL FIN DE LA MINERÍA FORMAL?
Los cambios introducidos no son solo ajustes administrativos; son misiles dirigidos a la línea de flotación de la seguridad jurídica. El dictamen pretende eliminar el carácter irrevocable de las concesiones mineras, otorgando a la autoridad administrativa una discrecionalidad peligrosa para revocarlas por razones que escapan al incumplimiento técnico. A esto se suma un incremento punitivo de hasta un 300% en el derecho de vigencia y un 400% en penalidades, lo que configura un entorno de hostilidad fiscal que asfixiaría a las pequeñas y medianas empresas formales.
Lo más alarmante es la intención de aplicar estos nuevos costos de forma retroactiva, vulnerando el principio constitucional de irretroactividad de la ley. Como bien señaló la congresista Diana Gonzales —la única voz de oposición firme en la comisión—, este dictamen busca satisfacer caprichos ideológicos a costa de la legalidad. «Actuar al margen de la ley no es emprender», sentenció Gonzales, recordando que la minería ilegal no solo evade impuestos, sino que es el caldo de cultivo para la trata de personas y la contaminación por mercurio en la Amazonía.
Mientras el Congreso se desvive por favorecer a un Reinfo que solo ha formalizado al 2.6% de sus inscritos en una década, la minería ilegal ya supera al narcotráfico como la principal economía ilícita del Perú. Al debilitar las concesiones formales, los congresistas de la actual «coalición» no están protegiendo al pequeño trabajador; están despejando el camino para que el crimen organizado tome control de los yacimientos que la burocracia y la ideología harán imposibles de operar para la empresa privada responsable.
El destino de la minería peruana ahora pende de un hilo en el Pleno. Si este dictamen se convierte en ley, el Perú dejará de ser un destino minero competitivo para convertirse en un territorio de rapiña legislativa. Los candidatos y partidos involucrados deben responder ante el país: ¿Están legislando por el futuro de la nación o están hipotecando el PBI a cambio de unos cuantos votos en la boca de mina de la ilegalidad? La huella que dejarán no será de progreso, sino de cicatrices profundas en la economía y el ecosistema nacional.
Fuente: Todo Minería