Tras la decisión de distintas empresas de apagar sus motores, los gremios de transporte público otorgó una semana de plazo al Poder Ejecutivo para combatir la inseguridad ciudadana de la que son víctimas. En diálogo con La República, Martín Ojeda, director de la Cámara Internacional de la Industria del Transporte, señaló que la tarde del domingo 28 de septiembre, horas antes de la Marcha de la ‘Generación Z’, el sector sostuvo una reunión con el Gobierno de Dina Boluarte con el fin de solicitar medidas concretas contra la extorsión y el cobro de cupos.
«Nos llamaron (a la reunión) empresas como Santa Catalina, Las Flores, José Gálvez, el Huáscar, la 50, la 41, entre otras; y asistimos. Llegamos a la posición de que este lunes (29 de septiembre) vamos a volver a trabajar, pero tomaremos la temperatura de la situación. Si se agudiza, volveremos a pagar motores el próximo sábado (4 de octubre) «, declaró.
En tanto, Julio Raurau, representante de Conet Perú, afirmó que en la reunión, a la que asistieron más de 20 empresas de transporte, el ministro del Interior, Carlos Malaver, indicó que se desplegará un mayor número de efectivos policiales para monitorear de manera permanente el distrito de San Juan de Lurigancho. “La forma en que estamos viviendo no solo perjudica al sector, sino también al pueblo, al usuario y al pasajero”, señaló.
PAGAN HASTA 20 MIL SOLES DE CUPO
Hasta el momento, se conoce que, durante los últimos meses del año, un total de 44 conductores de transporte urbano han sido asesinados en diferentes distritos de Lima y el Callao. Raurau enfatizó que, en solo un año, 34,000 choferes habilitados han migrado a otros rubros por temor a las extorsiones.
Por ese motivo, el último fin de semana, la empresa conocida como el Huáscar acató un paro indefinido y bloqueó la Panamericana Norte, que consistió en apagar los motores de 160 buses que cubren la ruta entre San Juan de Lurigancho y San Martín de Porres. La medida se adoptó tras el ataque a balazos que sufrió a bordo de su unidad uno de sus conductores por parte de un falso pasajero. La víctima permanece en estado de gravedad.
La empresas de transporte como Vipusa y El Rápido también se unieron a la movilización. Denunciaron que pagan cupos de hasta 20 mil soles mensuales a siete bandas criminales distintas. La medida de fuerza obedeció a la ola de sicariato que sufren hace más de un año
Al respecto, Ojeda señaló que han acordado diversas acciones con el gobierno central que garanticen salvaguardar la vida de choferes y cobradores. «Hemos estado con generales como el señor Óscar Arriola [jefe del Estado Mayor de la PNP]. Nos han prometido un sistema de drones y coordinación con las distintas áreas de investigación. Si esto no se cumple volveremos a parar», argumentó.