Desde el 23 de agosto, Juan José Santiváñez ejerce funciones como ministro de Justicia y Derechos Humanos en el gabinete de Eduardo Arana. Con el aval de Dina Boluarte, el funcionario —quien fue censurado como ministro del Interior por el Congreso de la República— retornó al Poder Ejecutivo. Poco más de un mes después, los primeros reportes sobre su popularidad han salido a la luz: según la última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), el 72% de la población desaprueba su gestión al frente de la cartera de Justicia, frente a un escaso 5% que la respalda.
El 23% restante de la ciudadanía prefirió no opinar sobre su desempeño; sin embargo, los resultados muestran que Santiváñez genera un marcado rechazo, lo que lo convierte en una de las figuras políticas más impopulares del país. En esa misma línea, Dina Boluarte acumula cifras históricas de desaprobación con un 93%, porcentaje que también alcanza el Congreso de la República.
La gestión de Santiváñez como ministro de Justicia no ha estado exenta de polémicas. Desde que asumió el cargo, la Fiscalía lo ha vinculado con un nuevo caso de corrupción. El Ministerio Público lo acusa de integrar una red criminal en la que habría negociado la permanencia y asignación de efectivos policiales en beneficio de un empresario minero, a cambio de una retribución económica.
Además, investigaciones periodísticas revelaron la existencia de audios de la Fiscalía en los que se escucha al ministro de Justicia negociando, junto al actual presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, el traslado de un policía sentenciado por integrar una organización criminal hacia otro centro penitenciario.
Fuente: La República