La norma que permite a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congelar preventivamente fondos y activos vinculados a delitos de extorsión tiene como objetivo cortar el flujo económico de los extorsionadores y permitir la posterior recuperación del dinero para las víctimas, señaló el viceministro de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia, Charles Napurí Guzmán.
El viceministro destacó la importancia de esta norma, que extiende las competencias de la UIF, previamente limitadas al lavado de activos proveniente del narcotráfico, la trata de personas y el financiamiento del terrorismo.
“Ahora, en función a la coyuntura, sabemos que la extorsión es un problema latente, entonces se ha ampliado ese alcance y va a extenderse a estos delitos de extorsión”, precisó.
De acuerdo con la normativa, la Policía Nacional del Perú será la encargada de recibir las denuncias y, en el marco de sus investigaciones preliminares, solicitar a la UIF el congelamiento de las cuentas sospechosas. Una vez solicitado el bloqueo, la UIF deberá evaluar la situación y, en un plazo máximo de 24 horas, remitir la medida al Poder Judicial para su ratificación.
“La UIF ordena el congelamiento y pone en conocimiento a la entidad bancaria internacional para que también congelen esos dineros”, explicó Napurí.
El viceministro resaltó que este procedimiento, que ya está vigente desde el jueves, constituye una herramienta importante para desarticular redes de extorsionadores. Además, existe la posibilidad de que el dinero congelado sea devuelto a las víctimas si el Ministerio Público verifica que proviene de la extorsión y solicita su devolución al Poder Judicial.
vinculados a delitos de extorsión tiene como objetivo cortar el flujo económico de los extorsionadores y permitir la posterior recuperación del dinero para las víctimas, señaló el viceministro de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia, Charles Napurí Guzmán.
Fuente: Andina