Por Ricardo Oviedo Zavala.
Cuando la política reemplaza al criterio técnico, los errores terminan pasando facturas costosas a los ciudadanos. Eso es exactamente lo que parece estar ocurriendo con el convenio suscrito entre el Gobierno Regional de Tacna, la ZOFRATACNA y la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann para construir un hospital docente en un terreno concebido para un fin completamente distinto.
Nadie discute que Tacna necesita un nuevo hospital. Lo que resulta inadmisible es que, para justificar una obra, las autoridades pretendan sacrificar uno de los pocos activos estratégicos que posee la región para atraer inversión, industria y empleo. La necesidad de un hospital no convierte automáticamente en adecuado cualquier terreno. Mucho menos cuando ese predio forma parte de un régimen especial protegido desde la Resolución Suprema N.° 104-95-PCM que creó la ZOTAC hasta la Ley N.° 27688, ley de creación de la ZOFRATACNA.
La zona franca no fue creada para resolver la falta de terrenos del Gobierno Regional. Fue concebida para impulsar el desarrollo económico mediante actividades industriales, comerciales, logísticas y de comercio exterior. Esa finalidad no puede modificarse por la simple voluntad de un directorio o por la firma de un convenio. Si hoy se acepta un hospital, mañana podría aceptarse cualquier otra actividad ajena a la naturaleza de la zona franca, vaciando de contenido un régimen que el Estado diseñó precisamente para promover la inversión privada.
La improvisación resulta todavía más evidente cuando se analiza la ubicación escogida. Se pretende instalar un hospital de alta complejidad en un sector de zonificación industrial, junto a la carretera Panamericana, por donde circula permanentemente transporte pesado nacional e internacional y el transporte urbano. ¿Quién puede sostener seriamente que ese es el entorno ideal para pacientes críticos, personal médico y servicios hospitalarios? Basta revisar cualquier manual de planificación urbana para advertir la contradicción.
El perjuicio tampoco será únicamente jurídico. La ZOFRATACNA dejará de percibir ingresos por un terreno que podría generar rentas mediante concesiones a empresas privadas. Más grave aún, la presencia de un establecimiento hospitalario condicionará futuras inversiones industriales, pues muchas actividades manufactureras o químicas encontrarán restricciones para instalarse en sus inmediaciones. En otras palabras, se debilita deliberadamente la competitividad de la zona franca para resolver un problema que debió atenderse con una adecuada política de saneamiento de terrenos.
Como si ello no bastara, persisten interrogantes sobre la compatibilidad del uso del suelo, la ausencia de un Plan de Monitoreo Arqueológico y las eventuales observaciones que podrían formular la Contraloría, el Ministerio de Cultura y otras entidades competentes. Todo ello convierte al proyecto en una apuesta de alto riesgo antes de colocar siquiera la primera piedra.
Lo más preocupante es el mensaje que transmiten las autoridades. En lugar de buscar un terreno compatible con la naturaleza de un hospital, optan por acomodar la realidad a una decisión previamente tomada. Esa no es planificación; es improvisación. Esa no es gestión pública responsable; es trasladar a las futuras administraciones el costo de eventuales controversias legales y económicas.
Tacna necesita hospitales, pero también necesita autoridades que respeten la ley y comprendan el valor estratégico de la ZOFRATACNA. Si cada dificultad se resuelve alterando el destino de los bienes públicos, la región terminará perdiendo mucho más que un terreno: perderá credibilidad frente a los inversionistas y pondrá en riesgo uno de los pocos instrumentos de desarrollo que aún conserva. Gobernar no consiste en firmar convenios para la fotografía del momento, sino en adoptar decisiones capaces de resistir el paso del tiempo y el control de la legalidad.
Así están las cosas.