Por: Nicolás Valdez Caso.
La nueva presidenta electa del Perú, Keiko Fujimori, enfrenta un contexto económico y social desafiante, con un alto nivel de informalidad laboral, cercano al 70%, y una población vulnerable que incluye a cerca de 9.5 millones de peruanos en situación de pobreza. En este marco, la minería se perfila como un motor clave para dinamizar la economía y reducir brechas socioeconómicas.
El plan de gobierno de Fujimori contempla la agilización y simplificación de trámites administrativos para la aprobación y ejecución de proyectos mineros. Esta política busca aprovechar el contexto favorable del precio internacional del cobre, cuya demanda se proyecta en aumento hasta 2050. El objetivo de Keiko es reducir la pobreza en más de 15%, y la minería es un elemento importante, junto a otros factores. El Perú es el tercer productor mundial de cobre, con reservas estimadas en más de 100 millones de toneladas métricas, de las cuales solo se explota el 2.7%.
La minería representa aproximadamente el 65% de las exportaciones nacionales, generando en 2025 ingresos superiores a S/ 22 mil millones (veintidós mil millones de soles), y en los primeros cinco meses de 2026 ya registra una recaudación fiscal de S/ 15 mil millones (quince mil millones de soles).
Además, la actividad minera formal provee empleo directo a 276 mil personas y empleo indirecto a cerca de 2 millones, en sectores vinculados como transporte, alimentación, manufactura y construcción, entre otros.
PROYECTOS MINEROS PRIORITARIOS
Además de Tía María, que ya está en ejecución, para el año en curso y hasta 2027 se identifican inversiones mineras por un valor aproximado de US$ 7600 millones (siete mil seiscientos millones de dólares) en proyectos como Zafranal, Pampa de Pongo, Reposición San Rafael, optimización y ampliaciones en Cerro Verde, Colquijirca, Corani, Huarón y Huancapeti.
La ejecución de estos proyectos se considera fundamental para consolidar el compromiso del gobierno con la minería formal, la generación de empleo y el desarrollo de los pueblos.
El equipo técnico de Fujimori tiene el reto de destrabar inversiones mineras. Las perspectivas a largo plazo son muy favorables: hay propuestas encaminadas hasta por US$ 65 mil millones (sesenta y cinco mil millones de dólares), y al menos hasta 2032 deben entrar 21 proyectos mineros más.
Es importante el esfuerzo que hagan el Ejecutivo y el Legislativo para acelerar permisos y flexibilizar normativas. Las perspectivas son muy buenas para reducir sustancialmente los índices de pobreza y promover formalidad. Por su estabilidad jurídica, el capital mira al Perú y la nueva gestión debe darle las mayores facilidades.
OBRAS POR IMPUESTOS Y SERVICIOS POR IMPUESTOS
Las empresas mineras ya están empleando el programa Obras por Impuestos (OxI). En él se propone canalizar beneficios directos a las comunidades mediante inversiones en educación, salud, saneamiento y riego, reduciendo la percepción de desconexión entre la minería y la población.
Además, se plantea consolidar la modalidad de servicios por impuestos, permitiendo a las empresas mineras financiar proyectos de seguridad, infraestructura rural, mantenimiento de equipos y programas sociales y de alimentación, con un impacto directo en la calidad de vida de los pueblos aledaños.
MEJORAMIENTO DE LA DISTRIBUCIÓN Y USO DEL CANON MINERO
El gobierno puede impulsar, mediante el Congreso, reformas para optimizar la distribución del canon minero, sin incrementar impuestos, orientando recursos hacia fondos sociales destinados a ancianos, salud solidaria, alimentación y otros programas de bienestar comunitario. Esta estrategia promovería la aceptación social de la minería y permitiría maximizar su contribución al desarrollo local para cerrar brechas de pobreza.
CONCLUSIÓN
La administración de Keiko Fujimori tiene el desafío de consolidar la minería formal como un motor económico capaz de generar empleo, formalidad y mayores ingresos fiscales, contribuyendo así a reducir la pobreza y mejorar las condiciones de vida de la población peruana.
La implementación exitosa de estas políticas mineras será clave para el desarrollo sostenible y la estabilidad social del país en los próximos años.
Fuente: Prensa Regional