El exjefe de la ONPE, Piero Corvetto, pasó a calidad de investigado en una pesquisa del Ministerio Público por presuntas irregularidades en las elecciones del 12 de abril, relacionadas con la contratación de servicios y la afectación al derecho al voto de miles de ciudadanos.
Según la tesis fiscal, Corvetto es investigado por el presunto delito de colusión agravada, al considerar que habría incurrido en acciones que evitaron que parte de la ciudadanía emita su voto durante la jornada electoral. De acuerdo con la información consignada, el propio exfuncionario reportó que alrededor de 63,000 personas no votaron debido a demoras en el proceso.
El Ministerio Público sostiene que Corvetto habría intervenido directamente en la contratación de la empresa Servicios Generales Gálaga S.A.C., encargada del servicio de transporte de carga para el despliegue y repliegue del material electoral.
En ese sentido, la fiscalía señala que en enero del 2026 se habrían establecido nuevos lineamientos que modificaban disposiciones del 2025, entre ellas la imposibilidad de presentar recursos impugnatorios tras la adjudicación de una licitación.
El documento fiscal también refiere que Corvetto habría concertado con el proveedor Juan Charles Alvarado, gerente general de la mencionada empresa, con el objetivo de favorecerla en el proceso de contratación.
Días previos, el Ministerio Público solicitó detención preliminar y el levantamiento del secreto de las comunicaciones contra el exjefe de la ONPE, argumentando un posible peligro de fuga; sin embargo, el Poder Judicial declaró infundado dicho requerimiento.
Como es de conocimiento, esta madrugada se realizó el allanamiento de su vivienda, como parte de las diligencias por las presuntas irregularidades registradas durante las elecciones generales del domingo 12 de abril.
Fuente: Andina