Lima vivió una accidentada jornada electoral este domingo, luego de que 75 locales de votación en distritos del sur de la capital no pudieran iniciar sus actividades a la hora prevista debido a la falta de material electoral. La situación generó malestar entre cientos de ciudadanos que acudieron desde tempranas horas para ejercer su derecho al voto.
De acuerdo con la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), las mesas debían instalarse a las 7:00 a.m.; sin embargo, el proceso se vio interrumpido no por la ausencia de miembros de mesa —como en anteriores comicios—, sino por el incumplimiento en la distribución del material indispensable. La entidad responsabilizó directamente a la empresa Servicios Generales Galaga SAC por las demoras.
Aunque la ONPE aseguró que la situación se regularizaría alrededor de las 8:00 a.m., reportes ciudadanos indicaban que, incluso pasado el mediodía, varios locales en el sur de Lima permanecían cerrados. Ante este escenario, los organismos electorales optaron por ampliar el horario de instalación de mesas hasta las 2:00 p.m. y extender el cierre de la votación hasta las 6:00 p.m., en un intento por garantizar la participación ciudadana.
El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, indicó que se deberán establecer las responsabilidades correspondientes, aunque enfatizó que la prioridad es asegurar que todos los peruanos puedan votar. En esa misma línea, la ONPE anunció que iniciará acciones legales contra la empresa involucrada.
ANTECEDENTES BAJO LA LUPA
Servicios Generales Galaga SAC no es ajena a contrataciones con el Estado. Fundada en 2010 por el empresario Juan Charles Alvarado Pfuyo, la compañía obtuvo en 2020 una orden de servicio superior a los S/ 400 mil para el traslado de material electoral en actividades previas a procesos electorales.
No obstante, en 2023, la propia ONPE la sancionó con una penalidad de S/ 6 mil por incumplimientos contractuales, lo que ha generado cuestionamientos sobre los criterios para su reciente contratación. Además, desde 2018 la empresa ha mantenido vínculos con diversas entidades públicas, incluyendo contratos suscritos en 2025 con Cenares y la Diris Lima Sur.
El caso podría escalar hasta el Tribunal de Contrataciones Públicas, donde se evaluarían sanciones más severas, incluida la inhabilitación para contratar con el Estado.
CONVOCATORIAS DE ÚLTIMO MOMENTO GENERAN SOSPECHAS
La controversia en torno a la empresa se intensificó en redes sociales. Usuarios denunciaron que, días antes de los comicios, Galaga SAC había lanzado una convocatoria masiva para contratar unidades de transporte. Incluso, un día previo a las elecciones, publicó un aviso en el que requería 400 auxiliares por dos días de trabajo, ofreciendo S/ 100 por jornada.
Tras la viralización de estas publicaciones y el estallido de críticas, el contenido fue eliminado, lo que ha incrementado las sospechas sobre una posible falta de planificación en un proceso clave para la democracia.
Mientras tanto, miles de electores en Lima enfrentaron largas esperas e incertidumbre, en una jornada que volvió a poner en evidencia las debilidades logísticas en la organización de elecciones en el país.