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SNMPE ADVIERTE IMPACTO EN INVERSIÓN MINERA TRAS DICTAMEN APROBADO EN EL CONGRESO

El dictamen que modifica la Ley General de Minería, aprobado recientemente por la Comisión de Energía y Minas del Congreso y pendiente de debate en el Pleno, ha generado cuestionamientos desde el sector empresarial. La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) advirtió que la propuesta introduce cambios en plazos, costos y condiciones de las concesiones que podrían afectar el desarrollo de la actividad minera formal en el país. “El dictamen no busca fortalecer el régimen de concesiones mineras, sino más bien paralizar el desarrollo de la minería formal en el país”, señaló el gremio, que también cuestionó los argumentos que sustentan la iniciativa. Según la SNMPE, solo el 16 % del territorio nacional está concesionado, lo que —a su juicio— descarta la existencia de una ocupación generalizada o de concesiones ociosas.

La SNMPE advirtió que los cambios planteados, como la reducción del plazo de caducidad de 30 a 15 años y la exigencia de nuevas condiciones de inversión y producción, no consideran la realidad del sector. Para el gremio, estas medidas no consideran los tiempos reales del sector, donde un proyecto minero puede tardar hasta 40 años en desarrollarse, con más de una década destinada a trámites y permisos. La SNMPE también advirtió que el incremento de penalidades y del derecho de vigencia —que podría elevarse hasta en 300 % y 400 %, respectivamente— afectaría la competitividad del Perú frente a otros países. En ese contexto, alertó que estos cambios podrían poner en riesgo una cartera de proyectos valorizada en US$63,000 millones.

Asimismo, el gremio coincidió con otras advertencias sobre los posibles efectos del dictamen en el crecimiento de la informalidad. Según indicó, la eventual liberación de concesiones podría “fomentar la expansión e impunidad de la minería ilegal”. Frente a este escenario, la SNMPE exhortó al Congreso a revisar la propuesta con criterios técnicos y una visión de largo plazo, a fin de garantizar condiciones que promuevan la inversión, la competitividad y el desarrollo sostenible del sector.

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