Por: Umberto Jara
La muerte de Lizeth Marzano, la deportista atropellada y abandonada en la madrugada del 18 de febrero por Adrián Villar —detenido esta madrugada— desató una ola de indignación. Los programas de televisión dedicaron horas a cada detalle del caso, los periodistas compitieron por la primicia, los influencers hicieron lo suyo —opinar sin necesidad de fundamentar nada— y las redes sociales se convirtieron en un hervidero de condenas instantáneas. Hasta los jefes policiales aprovecharon para exhibir una eficacia que curiosamente no aparece cuando se trata de capturar a Vladimir Cerrón. Todo este espectáculo instaló un inmenso tribunal popular que administró justicia con el Código de las emociones, no con el Código Penal.
Pero hay una pregunta que me atrevo a plantear. ¿Por qué esa energía, esa tenacidad, esa indignación no se activa cuando los muertos son anónimos y no tienen ninguna conexión con el ámbito mediático?
El caso Villar-Marzano revela algo más profundo y más alarmante: el dolor tiene jerarquía mediática. Hay muertes que merecen cobertura sostenida y hay muertes que simplemente ocurren. Se registran en una estadística y listo. Una cifra más.
Hemos podido ver que la diferencia no es la magnitud del sufrimiento, es la presencia de algún aspecto mediático y la posibilidad de obtener audiencia. Es más cool indignarse colectivamente que ocuparse de una madre atropellada mientras empujaba su carrito sanguchero y que gime tirada en el piso de un hospital esperando morirse.
Las cifras son elocuentes y deberían avergonzarnos. Según el Sistema Informático Nacional de Defunciones (SINADEF), en 2024 murieron más de 3,000 personas en accidentes de tránsito, cifra que supera incluso la cantidad de homicidios registrados en el mismo periodo. En lo que va de 2025, el promedio es de siete muertos diarios en las calles. Solo en Lima Metropolitana, entre enero y julio del año pasado, los atropellos causaron 645 víctimas fatales.
Detrás de cada uno de esos números existe una familia destrozada, un drama tan humano y tan desgarrador como el de la familia Marzano. ¿Alguien recuerda alguna campaña sostenida, alguna semana de indignación colectiva, algún hashtag que durara más de una hora por esas víctimas anónimas? ¿Han capturado al ladrón que robó una camioneta y arrolló a un marino delante de su esposa e hija?
Pero demos un paso más. Existe un drama mayor: las personas que mueren porque no encuentran atención en el destruido sistema hospitalario del país. En la salud pública, el cuadro es tan grave que bordea lo criminal: el 95% de los hospitales públicos del país presenta capacidad instalada inadecuada, según el propio Ministerio de Salud.
Pacientes oncológicos esperan meses sin medicamentos mientras la muerte les va dando dentelladas fuera de cámaras. Bebés que necesitan operaciones urgentes las ven postergadas tres veces en el mismo hospital porque no hay camas UCI, y su llanto no conmueve a nadie.
El drama de la salud pública ha alcanzado niveles inhumanos, y eso obliga a formular una pregunta incómoda, acaso impertinente. Si los mismos periodistas, conductores de televisión, medios digitales e influencers con miles de seguidores que dedicaron días enteros a exigir la captura y prisión de un acusado individual, destinaran tan solo la mitad de esa presión a exigir que el Ministerio de Salud deje de ser un botín político y se convierta en una institución al servicio de los pacientes, ¿no se salvarían, cada día, miles de vidas?
Y aquí es donde uno pregunta —perdonen la crudeza—: ¿a quién habría que perseguir más, a Adrián Villar o a César Acuña? Hace años que Acuña y su partido se han apropiado del Ministerio de Salud y de EsSalud. Allí manda e impera Alianza para el Progreso. Se fue Jerí y llegó Balcázar, pero no se marchó el hombre puesto por Acuña: el ministro de Salud, Luis Quiroz Avilés. El presupuesto combinado del MINSA y EsSalud supera los 28,000 millones de soles: apetitoso manjar para la corrupción, pero también cifra más que suficiente para atender a la población que necesita los hospitales públicos.
Acuña y Alianza para el Progreso siguen destruyendo la salud pública. A nadie le indigna que el sector salud se haya convertido en una cuota de poder partidario, y que el candidato César Acuña use, cínicamente, este eslogan: “Si Acuña lo dice, Acuña lo hace”. El eslogan real debería decir: “Si Acuña lo dice, Acuña lo destroza”. Ya lo hizo con la Región La Libertad. Pero ni las redes arden ni los medios hacen ninguna campaña en nombre de los millones de pacientes que son atropellados por las citas que no tienen, los medicamentos que no hay, las camas y las salas de operación que no existen.
Aquellos que gustan de la indignación selectiva, los tribunales populares, el cómodo posteo, la necesidad del rating, no se dan cuenta de que, a ellos, también los va a atropellar la corrupción que está deshaciendo el Estado.
La muerte de Lizeth Marzano importa. También importa que Adrián Villar responda ante la justicia. Pero debemos negarnos a que la legítima indignación funcione como válvula de escape que libera la presión social para que nada estructural cambie.
El verdadero escándalo no es un atropello y una fuga en una madrugada de febrero. El verdadero escándalo nacional es un sistema de salud administrado como botín político que produce miles de muertes evitables cada año, sin que se desate la misma furia colectiva, la misma presión mediática sostenida, el mismo reclamo incansable. Mientras ese contraste persista, la indignación no es justicia. Aunque moleste decirlo: es espectáculo con apariencia de conciencia moral.
El viejo Zygmunt Bauman, que supo ver lo moderno como nadie, sostenía que la indignación contemporánea es volátil: intensa, breve y fácilmente reemplazable por el próximo escándalo. El Perú necesita más que eso.
Es época electoral. A ver si nos indignamos contra los que causan el dolor de las familias que lloran en las salas de espera de sus hospitales. Ellas merecen la misma furia que se le da a los casos que salen en televisión.