La tranquilidad del penal de Barbadillo se ha visto quebrada. El expresidente Pedro Castillo Terrones formalizó hoy una denuncia penal contra el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), sumándose así a los reclamos de sus vecinos de reclusión, Martín Vizcarra y Ollanta Humala. La razón: la difusión en medios de comunicación de imágenes de sus celdas tras una reciente requisa, acto que califican como un «distractor político» y una grave violación a la intimidad.
UNA «CAJA DE PANDORA» EN LAS CELDAS
Lo que inició como un operativo de rutina el pasado fin de semana ha escalado a un conflicto judicial. Según el reporte oficial del INPE, en la celda de Castillo se hallaron artículos como una bicicleta estática, una cocina implementada y una refrigeradora, elementos que la institución cataloga como «privilegios» no permitidos para uso individual.
Sin embargo, para la defensa de los exmandatarios, el fondo no es lo hallado, sino la exposición pública de sus espacios privados.
LOS ALCANCES DE LA DENUNCIA
La acción legal, presentada por el abogado Walter Ayala ante la Tercera Fiscalía Corporativa Penal, apunta directamente a: Shadia Elizabeth Valdez Tejada (Presidenta del INPE) y Henry García Malpartida (Director de Seguridad del INPE).
Los delitos imputados incluyen abuso de autoridad, violación de la intimidad y revelación de información reservada. Según el documento de ocho folios, estas filtraciones vulneran la Ley de Protección de Datos Personales y la propia Constitución.
«Basta ya de denigrar la dignidad humana. No se puede instrumentalizar un procedimiento penitenciario para alimentar juicios mediáticos», sentenció Ayala a través de sus redes sociales.
¿OPERATIVO O DISTRACTOR?
La defensa de Martín Vizcarra ha puesto en duda la transparencia del operativo, señalando que el sábado por la noche se realizó una primera inspección que no arrojó irregularidades. No obstante, una segunda orden de requisa —emitida por García Malpartida— habría sido el escenario donde se tomaron las fotografías que luego terminaron en las portadas de diarios como El Comercio y Trome.
Para los internos de Barbadillo, la publicación de sus objetos personales busca estigmatizarlos ante la opinión pública en un momento de especial sensibilidad política. La Fiscalía deberá ahora determinar si el INPE rompió la cadena de custodia de la información o si la difusión de estas imágenes responde a un interés público que prevalece sobre el derecho a la privacidad de los condenados.