La indignación en la región Tacna ha vuelto a encenderse tras confirmarse el reciente envío de casi un centenar de reclusos de alta peligrosidad al penal de Challapalca. Mientras la ciudadanía y diversos sectores sociales esperaban una convocatoria a la unidad y una acción contundente liderada por sus autoridades, la respuesta del Gobierno Regional de Tacna (GRT) ha vuelto a ser, por tercera vez, el envío de un documento formal.
EL «TERCER OFICIO» EN MEDIO DE LA CRISIS
A través de sus canales oficiales, el gobernador regional Luis Torres Robledo informó sobre la remisión del OFICIO N° 034-2026-GR/GOB.REG.TACNA, dirigido al presidente de la República, José Enrique Jerí Oré. En el documento, la autoridad reitera su rechazo al traslado de delincuentes ranqueados, argumentando que el penal no cuenta con las condiciones de seguridad para perfiles criminológicos tan elevados.
Sin embargo, para gran parte de la sociedad civil y los alcaldes de la provincia, esta estrategia resulta insuficiente. «Se necesitan acciones, no más papeles», es el sentir común ante una problemática que se arrastra desde el año pasado y que, lejos de detenerse, se ha agravado con el arribo de 98 nuevos internos de alta peligrosidad hace solo unos días.
DEMANDAS CIUDADANAS VS. RESPUESTA INSTITUCIONAL
A pesar de que durante todo el 2025 la población mostró una oposición férrea a la ampliación de Challapalca, el Ejecutivo Nacional parece haber hecho caso omiso a los reclamos tacneños. La crítica hacia el gobernador radica en la falta de una convocatoria abierta que una a las fuerzas vivas de la región para exigir respeto a la seguridad ciudadana y la estabilidad económica de la zona.
En el oficio enviado, el gobernador plantea tres puntos clave:
No a Challapalca: El traslado de delincuentes compromete la imagen regional y el desarrollo integral de Tacna.
Sí a la Escuela de la PNP: Se solicita la reapertura de la escuela policial para fortalecer la vigilancia local.
Alternativas Nacionales: Se propone reabrir «El Frontón» para criminales peligrosos y que el resto cumpla condenas en sus regiones de origen para evitar el hacinamiento y el traslado de bandas criminales hacia el sur.
UN ENFOQUE QUE NO CONVENCE
La publicación del Gobierno Regional en redes sociales destaca que las decisiones deben ser «consensuadas y técnicas». No obstante, la realidad en las calles muestra un panorama distinto: una población que se siente vulnerable ante el incremento de la criminalidad organizada que suele orbitar alrededor de los familiares y socios de los internos de alta peligrosidad.
Tacna espera que sus autoridades pasen del escritorio a la acción, convocando a un frente común que integre a alcaldes y organizaciones sociales, para evitar que la «Ciudad Heroica» se convierta en el patio trasero del sistema penitenciario nacional.