Por: Ricardo Oviedo Zavala.
Betssy Chávez, expremier durante el gobierno de Pedro Castillo, y acusada de haber participado en un golpe de Estado, ingresó hace unas horas a la embajada de Méjico en Lima y pidió asilo político. Enterado del ingreso, el canciller Hugo de Zela rompió relaciones diplomáticas con ese país arguyendo constantes intromisiones en los asuntos internos del Perú, aunque mantendrá los vínculos consulares. El tema no es cómo escapó Betssy Chávez sino quiénes son los responsables de que lo hiciera. La vigilancia y la “candidez” de jueces y fiscales que ven su caso, quedaron, junto a los magistrados del Tribunal Constitucional, más en vergüenza que los moros cuando los botaron de España.
En el país nadie quiere hacer revisión de las normas vigentes. Una empresa que actúa irregularmente, asociada a la exalcaldesa Susana Villarán, solo tiene que presentar una simple acción de amparo ante un tribunal de tercera para seguir cobrando peajes considerados ilegales por una resolución del Poder Judicial. Ahora, una persona que ha participado, según todo lo demuestra, en un golpe de Estado, es retirada de la prisión que purgaba por una decisión del Tribunal Constitucional que no puso delante de su análisis las acciones contrarias a la ley ejecutadas por la acusada, empezando con su participación en un acto de rompimiento del orden constitucional.
¿Por qué el país no se rige por leyes en donde dos más dos son cuatro y no el resultado que imponen las conveniencias y los intereses de grupo? Al presidente Jerí se le está tambaleando su gobierno. Por el asilo de Betssy Chávez deberían renunciar el ministro del Interior y el polémico jefe de la Policía Nacional. Deben estar incómodos porque la expremier se las hizo no solo a ellos sino a todos. Los actos de teatro en prisión y en el juzgado y las maniobras de distracción de su abogado, no serían sino los puntos de una estrategia plenamente planificada para su asilo o su huida a otro país.
Hay, en todo caso, una larga lista que involucra a los golpistas y a otros personajes involucrados en negociados con grandes empresas acusados de enriquecimiento ilícito y otros delitos. La Policía, el Poder Judicial, la Fiscalía y el Congreso están de cabeza. Y nadie, repito, se encarga que las leyes sean más precisas y defiendan, de manera concreta, los intereses del Estado que somos todos.
Con lo que se ha visto en las últimas horas, con instituciones que velan lo suyo, con las normas que en vez de sancionar favorecen a los delincuentes, cualquiera podrá cometer todo tipo de delitos. ¿Por qué con la señora Chávez no se tomaron las mismas medidas que en su momento se dieron con Alan García, Keiko Fujimori y con fiscales como el doctor Chávarry que fue borrado del mapa por ir en contra de las mafias que han acaparado el aparato del Estado?
El ridículo en que han quedado las autoridades con el asilo de Betsy Chávez, tardará en borrarse.
Así están las cosas.