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PEDRO CASTILLO PODRÍA PARTICIPAR EN LAS ELECCIONES CONGRESALES DE 2026 

El expresidente Pedro Castillo no cuenta actualmente con una inhabilitación emitida por el Congreso ni con una sentencia firme, por lo que, según los especialistas Andy Carrión y José Naupari, está habilitado para participar en las elecciones congresales de 2026.

El expresidente Pedro Castillo podría postular al Congreso en las elecciones generales de 2026 debido a que actualmente no registra una inhabilitación emitida por el Parlamento ni una sentencia condenatoria firme en su contra. Así lo explicaron los especialistas Andy Carrión y José Naupari, quienes coincidieron en que, en el marco legal vigente, no existe un impedimento para que el exmandatario participe en comicios, aunque Naupari precisó que esta situación podría cambiar si el Legislativo aprueba una sanción de inhabilitación como resultado de un juicio político.

«Podría postular mientras no tenga una inhabilitación en el marco de un juicio político por el Congreso», advirtió Naupari, especialista en temas electorales.

Cabe destacar que la legislación peruana no prohíbe que un expresidente postule al Congreso, siempre que cumpla con los requisitos formales establecidos por el Jurado Nacional de Elecciones. Incluso en condición de prisión preventiva, Castillo podría inscribir su candidatura, pues la restricción constitucional se aplica únicamente a la reelección inmediata en la Presidencia y no al acceso a un escaño parlamentario.

Asimismo, el exmandatario anunció a través de sus redes sociales que el domingo 17 de agosto presentará una alianza entre el partido Juntos por el Perú, del congresista Roberto Sánchez, y su agrupación política en proceso de inscripción, Todo con el Pueblo. La coalición llevará por nombre Juntos con el Pueblo.

Mientras tanto, Castillo se encuentra en prisión preventiva desde diciembre de 2022, tras ser detenido luego de anunciar la disolución del Congreso y la instauración de un gobierno de excepción, hechos que fueron calificados como un intento de golpe de Estado. La medida, inicialmente fijada en 18 meses, fue ampliada por el Poder Judicial mientras se desarrollan las investigaciones por presuntos delitos de rebelión, conspiración y corrupción vinculados a su gestión presidencial.
Fuente: La República

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