Por Ricardo Oviedo Zavala.
Según un informe de la SUNAT, en el mes de abril 2025 la minería ha aportado 3,115 millones de soles al fisco. Esta cifra se suma al aporte fiscal minero en los primeros cuatro meses del año que totaliza 8,263 millones de soles y que significa un incremento del 37 % frente al mismo periodo del 2024. De acuerdo al mismo informe, no se supera aún, en ese lapso, la recaudación de 11,781 hecha en el 2022 en donde tienen que ver, como uno de los principales factores, los precios de los metales.
En la actualidad, los precios del cobre y el oro en el contexto internacional, resultan favorables para la actividad minera. Este año, el cobre alcanza los 9,600 dólares por tonelada, un 20 % más que en el 2022, mientras que el oro alcanza los 2,500 dólares por onza. Con este precio del oro se puede tener una idea de cuánto pierde el Perú en recaudación de impuestos con la minería ilegal.
La situación de las operaciones mineras, de hecho, ha variado desde el 2022, lo cual ha causado una reducción en las utilidades. Allí está el aumento de los costos operativos, la energía ha aumentado en 62.81 %, los insumos en 25.22 % y los costos laborales en 22.12 %. Los márgenes de utilidad de las mineras se han reducido y el Impuesto a la Renta y las regalías, también. Aun así, los aportes del sector al fisco no dejan de ser importantes para que el Estado pueda atender las necesidades del sector público y la ejecución de obras de su competencia.
Si la minería informal tuviera sus actividades extractivas de acuerdo a ley, la recaudación fiscal significaría para el país una inyección económica muy importante en términos de mejorar los sistemas nacionales empezando por los sectores de servicio. Lamentablemente, la informalidad minera maneja sus hilos en la política y en el sistema judicial. Hay iniciativas en el Congreso que se ocupan que la actividad no se formalice y, es más, hay parlamentarios que ocupan sus cargos porque sus campañas electorales fueron financiadas por este sector informal. Y lo mismo sucede en el poder judicial en donde la estructura de jueces y fiscales provisionales, abona al mantenimiento de la minería ilegal.
Aun con todo esto, la minería formal representa el 13 % del PBI nacional. Es uno de los sectores que, junto al agro, sostuvieron al país en momentos tan difíciles como la temporada de pandemia. Como ya lo anotamos en otros comentarios, hay países que consideran al sector minero como política de Estado porque reconocen la importancia que tiene en sus economías. En nuestro país, sin embargo, no se hace demasiado para erradicar a los mineros ilegales, la seguridad ciudadana no camina adecuadamente y no hay políticas públicas, menos de Estado, que defiendan a un sector que representa uno de los pilares de la economía nacional. Para reflexionar.
Mientras tanto, así están las cosas.