Por Ricardo Oviedo Zavala.
Cuando el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dentro de su política gubernamental, comenzó a eliminar lo que consideró como gastos insulsos por parte de instituciones que enviaban dinero de los contribuyentes al exterior, hubo un movimiento de protesta en organizaciones de algunos países que se favorecían de esas transferencias. La pregunta que se hizo el gobierno norteamericano fue si esos envíos favorecían en algo a los ciudadanos estadounidenses.
La respuesta fue que no. Entre otras, fueron sacadas del mapa instituciones como USAID que estaba dirigida por funcionarios de izquierda que financiaban a ONG de varios países, entre ellos el Perú, no para aliviar la pobreza o para solventar programas de apoyo social -que con esa bandera venía la plata desde los Estados Unidos- sino para financiar programas que desestabilizaran el orden democrático y apoyaran a organizaciones locales que iban en ese rumbo. Aquí en el Perú, hay varias de ellas.
No se ha sabido si ese tipo de organismos financistas, con dinero gubernamental, también han sido eliminados en otros países ubicados, por ejemplo, en Europa. Pero lo que sí es cierto, es que las ONG que operan en nuestro país siguen recibiendo fondos provenientes esta vez del sector privado. Así, en marzo de este año, la Fundación Ford, una de las entidades filantrópicas más influyentes del mundo, aprobó una subvención de 1.5 millones de dólares a la ONG peruana CooperAcción. Esta transferencia no llamaría tanto la atención si no fuera porque en las especificaciones se indica claramente que el dinero servirá para apoyar “las capacidades de las comunidades indígenas frente a la gran minería del cobre”. Alguien puede decir que se trata de una buena causa, pero resulta -tal como lo han señalado algunos medios de cobertura nacional- que CooperAcción es conocida, sobre todo en el sur del Perú, por organizar eventos que impiden el desarrollo normal de la minería. Su tarea es frenar las actividades de extracción de minerales. Así quedó demostrado en las acciones violentistas llevadas a cabo en contra de Glencore-Antapaccay, en Espinar, en contra de Hudbay, en Chumbivilcas y Las Bambas y MMG, en Cotabambas.
Detrás de las actividades de esta ONG está la figura de Verónika Mendoza y otros políticos de la izquierda radical que trabajan junto a organizaciones como Derechos Humanos Sin Fronteras y Derechos Humanos y Medio Ambiente, también financiadas con dineros del exterior.
¿Cómo consiguen el dinero estas ONG? Le pintan a los entes filantrópicos extranjeros como la Fundación Ford, la realidad que ellos quieren mostrar. No es en base a apoyar los programas para la pobreza o los programas diversos de apoyo social. Es para financiar ideologías que pretenden sumir al país en el caos porque así lo dicta su ideología. La minería formal en el país es el principal pilar de su economía. Sin embargo, estas mismas ONG no dicen nada en sus seminarios, publicaciones y foros sobre la minería informal y las mafias que la controlan. El gobierno debería de tomar cartas en el asunto y desarrollar contracampañas en los mismos lugares en donde se obtienen los dineros para indicarles a esas organizaciones en qué se están utilizando realmente los dineros que transfieren. En otros países de la región, no se permite que las ONG interfieran de ningún modo en actividades que tiendan a obstaculizar sus planes de desarrollo. Y menos que frenen actividades, como la minería, que es considerada en esos países como rubro esencial de su economía.
Así están las cosas.