En marzo de 2025, la Fundación Ford —una de las entidades filantrópicas de Estados Unidos más influyentes del mundo— aprobó una subvención de 1.5 millones de dólares para la ONG peruana CooperAcción.
No es la primera vez que reciben dinero de esta asociación estadounidense, desde 2006 CooperAcción ha recibido siete millonarios aportes.
Tienen un propósito transparentado en la misma plataforma web de la fundación: el dinero apoyará en el fortalecimiento de “las capacidades de las comunidades indígenas y campesinas frente a la gran minería de cobre” y apoyar “el avance de los derechos humanos e indígenas”, tal como se lee en el detalle de las becas brindadas.
El lenguaje puede parecer técnico y bienintencionado, pero en el Perú —y especialmente en el sur andino—, CooperAcción es ampliamente conocida por liderar narrativas y campañas en contra de la minería moderna y formal, promoviendo desde hace años talleres, publicaciones y activismo político para frenar proyectos extractivos en zonas como Espinar (Glencore-Antapaccay), Chumbivilcas (Hudbay) y Cotabambas (Las Bambas, MMG).
Detrás de este activismo se teje una red ideológica y política afín a la izquierda más radical, con vínculos claros con organizaciones como Derechos Humanos Sin Fronteras (Espinar), Derechos Humanos y Medio Ambiente (Puno), y figuras como Ruth Luque, hoy congresista y exfundadora de una de estas entidades. También aparece en este circuito Verónika Mendoza, excandidata presidencial que ha promovido discursos antimineros bajo una retórica indigenista.
Mendoza, quien durante los últimos años ha sido invitada como ponente recurrente por CooperAcción, ha liderado eventos públicos de su partido Nuevo Perú donde tiene un discurso abiertamente antiminero, catalogando a las empresas mineras como enemigas del pueblo. En una fotografía del 6 de mayo de 2024, expone presentando una lista de “actores sociales y políticos”, agrupando a las compañías mineras bajo el rótulo de “opresores enfrentados a la gente”.
No es casualidad que CooperAcción dedique esfuerzos constantes a la producción de “papers”, campañas en medios locales, y denuncias ambientales que, sin pruebas técnicas concluyentes, buscan instalar la idea de que la gran minería en el Perú representa una amenaza estructural a los derechos humanos, al medioambiente y al tejido social. Todo esto con una narrativa que sistemáticamente omite los beneficios concretos que la minería legal genera en empleo, canon, infraestructura y desarrollo local.
Uno de los personajes promovidos por la ONG como “defensor ambiental” es Sergio Huamaní, un conocido agitador de Espinar que ha sido sentenciado por robo de ganado y difamación. Aun así, CooperAcción lo presenta como una voz legítima frente a los proyectos mineros, blanqueando sus antecedentes y dándole tribuna en sus redes oficiales.
¿Quién financia esta agenda? La Fundación Ford es apenas un ejemplo. Organismos internacionales canalizan millones de dólares hacia ONG con discursos progresistas y antiextractivistas, muchas veces sin verificar el impacto real de sus acciones ni las consecuencias económicas que generan en regiones donde la minería formal es la principal fuente de ingreso.
La pregunta de fondo es si el país puede seguir tolerando que actores foráneos, en alianza con grupos de izquierda ideologizados, intervengan de manera tan directa en temas estratégicos como la minería, que representa cerca del 10% del PBI peruano y más del 60% de las exportaciones. Especialmente cuando sus campañas no buscan fiscalizar o mejorar estándares, sino frenar el modelo económico y bloquear proyectos clave para el desarrollo.
Fuente: Perú21