La Fiscalía de la Nación, presentó al Congreso dos denuncias constitucionales contra la jefa del Estado, una de ellas, compromete a exministros de diversos portafolios ministeriales.
La primera denuncia es contra la Mandataria y los extitulares de la Presidencia del Consejo de Ministros, Pedro Miguel Angulo Arana y Luis Alberto Otárola Peñaranda, los exministros Jorge Luis Chávez Cresta (Defensa) César Augusto Cervantes Cárdenas, Víctor Eduardo Rojas Herrera y Vicente Romero Fernández (Interior).
La denuncia constitucional señala que la presidenta de la República y las referidas autoridades habrían cometido los presuntos delitos de lesiones leves y graves en agravio de Ronald Rojas Ramos, Michael Chipana Vega y otros.
Dicha imputación está vinculada a las protestas sociales producidas en el periodo comprendido entre el 7 de diciembre de 2022 y 9 de febrero de 2023 en las regiones de Apurímac, Ayacucho, Ucayali, Cusco y Puno, así como en Lima metropolitana.
En estas regiones se identificaron a 75 víctimas por el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza pública ejercida por la Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas, hechos que fueron de pleno conocimiento de los investigados.
La segunda denuncia hecha por la fiscalía fue en su condición de ministra de Desarrollo e Inclusión Social por la presunta comisión del delito de colusión agravada, en el marco del caso ‘Qali Warma’.
Desde Fiscalía indicaron que los hechos imputados se dan respecto de que Boluarte habría aprovechado su cargo de ministra de Desarrollo e Inclusión Social para concertar con Víctor Hugo Torres Merino, amigo de la infancia de su hermano Nicanor Boluarte, para contratarlo como proveedor de servicios en el Programa Qali Warma.
Fuente: Andina