Por Ricardo Oviedo Zavala
Sobre el anuncio, hace algunas semanas, del ministro de Justicia acerca de la ampliación de los penales en el país -incluyendo el de máxima seguridad de Challapalca- había quedado establecido que, en este último caso, el INPE no podía hacerlo porque el penal se encontraba en una reserva de protección de la fauna y flora de la zona, amparada por una resolución del gobierno regional en el 2009. Tampoco podía haber ampliaciones fuera del área que ocupa el penal porque esas tierras pertenecen a la comunidad del Maure. El tema, en ese sentido, estaba claro.
Pero, con fecha 30 de octubre, el Inpe emite un comunicado en donde establece que cuenta con la partida registral Nº 05120435 que determina la propiedad del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) en un área de 21,276.89 m2, dando a entender que el actual local del penal no ocupa toda la propiedad y, por lo tanto, se puede proceder a las ampliaciones anunciadas. Además, dice el comunicado, que en julio del 2023 se firmó un acta de acuerdo con la comunidad del Maure y sus anexos Kalla Puma y Challapalca, en donde expresan su disposición para expedir la licencia social para la ampliación del penal.
Aún no se había secado la tinta del comunicado del INPE, cuando el presidente de la Comunidad del Maure, Marcial Laura Condori, emitió otro comunicado a la opinión pública, desmintiéndolo. El dirigente expresa que la partida registral insertada por el INPE en su comunicado, la Nº 05120435, corresponde a la propiedad de la Comunidad del Maure y no del INPE. Aseguró también que la comunidad nunca se ha reunido con dicha institución, por lo que es falso que su representada haya tenido en algún momento alguna predisposición para darle una licencia social.
Si, como afirma Marcial Laura, el INPE ha mentido en su comunicado, sobre todo citando una ficha registral que corresponde a la Comunidad del Maure y no a ellos, habrá una serie de denuncias en las que más de un funcionario saldrá afectado.
Sin embargo, en el caso que se decida construir más pabellones en el actual penal de Challapalca; es decir, sin salirse del área que actualmente ocupa, tendría que tener de todas maneras una licencia de construcción emitida por la municipalidad de Tarata o del distrito que corresponda. Y, conforme están las cosas, no creo que se emita alguna tomando en cuenta la reacción social que el caso ha originado. No solo estaría el tema de la licencia de construcción sino también el daño al sistema ecológico de la zona que podrían causar los desechos de todo tipo que salen del penal. Si bien es cierto legalmente el INPE no podría hacer nada, no hay que bajar la guardia cuando se trata de observar con cuidado los ardides que, en todos los estamentos públicos, puede llevar a cabo el Ejecutivo.
Así están las cosas.