La Contraloría General detectó que, en la Municipalidad Provincial de Tarata, entre enero y agosto del 2023, se designaron a trece funcionarios de confianza como gerentes, subgerentes y jefes de oficina bajo la modalidad de Contrato Administrativo de Servicios (CAS), con lo que se vulneró la normativa legal aplicable y los documentos administrativos establecidos por la entidad.
Mediante informe de control específico N°001-2024-2-0473-SCE, se detalló que de esta manera fueron asignados en cargos CAS confianza la Gerencia de Administración y Finanzas, Gerencia de Planeamiento Estratégico, Gerencia de Infraestructura, Gerencia de Gestión Ambiental, Gerencia de Desarrollo Social, las Sub Gerencias de Servicios Públicos, Logística, Recursos Humanos, Supervisión y Liquidación de Proyectos, Planeamiento Urbano y Catastro y la Jefatura de la Unidad Formuladora.
La comisión de control identificó que por estos hechos se incurrió en responsabilidad penal, administrativa y/o administrativa sancionadora (PAS), por parte del alcalde de la Municipalidad Provincial de Tarata y otros ocho servidores que participaron del proceso de designación y contratación, así como de aceptación de cargo lo cual generó un perjuicio económico para la comuna de S/ 68 210.
La Entidad Fiscalizadora Superior determinó que la designación de funcionarios de confianza mediante la modalidad de CAS confianza vulneró la normativa aplicable y lo indicado por SERVIR, que señala que los puestos de confianza sólo se cubrirán mediante esta modalidad, si el Cuadro de Asignación de Personal (CAP) de la Entidad contempla expresamente la clasificación respectiva como funcionario público, empleado de confianza o directivo superior de libre designación y remoción. Asimismo, no se realizó concurso público de méritos o se verificó que el personal designado cumpla los requisitos establecidos para ocupar las plazas.
El informe que se encuentra publicado en el buscador de informes disponible en la web de la Contraloría General de la República https://www.gob.pe/contraloria se comunicó al Concejo Municipal y Titular de la Municipalidad Provincial de Tarata para el deslinde de responsabilidades.
Asimismo, a la Procuraduría Pública de la Contraloría General de la República para iniciar las acciones penales correspondientes y al Órgano Instructor para el inicio del proceso administrativo sancionador a cargo de la CGR.