Por: Ricardo Oviedo Zavala.
El alcalde de Candarave, Rafael Vega Paniagua, ha señalado que quiere retomar el diálogo con el gobierno para solucionar el problema de abastecimiento de agua potable para el distrito capital. Como se recuerda, los alcaldes de esa provincia andina abandonaron la Mesa de Diálogo antes que se tomaran acuerdos respecto a la solución del tema del agua en Candarave. El retiro de la Mesa, según afirmó el alcalde Vega en su momento, fue porque quiere que la minera Southern deje de usar el agua de la provincia y que la Autoridad Nacional del Agua (ANA), le retire las licencias. Después de su salida intempestiva de la Mesa –en donde estaban representantes de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), de los dirigentes de Candarave, dirigentes de las Juntas de Usuarios, representantes de la Southern Perú, entre otros-, el alcalde Vega amenazó al gobierno a que, si no se cumplían sus condiciones, se llevarían a cabo una serie de acciones de fuerza en contra de la minera y del propio gobierno.
Resultado: las metas que querían alcanzar los alcaldes de Candarave no se cumplieron en lo más mínimo. Es decir, tanta amenaza e intolerancia solo para volver a fojas cero. En realidad, no se podían cumplir ese tipo de demandas por el hecho que pedir la anulación de las licencias de agua a la minera o señalar que la causa de la escases del recurso en la provincia es culpa de la Southern, sin mostrar ningún expediente o estudio certificado que avale sus demandas, tenía que terminar en nada. Ante las acciones fallidas del alcalde Vega, han sido los demás alcaldes de Candarave, dirigentes agrarios y representantes de las Juntas de Usuarios de la provincia, los que le han exigido que retome el diálogo, esta vez con el gobierno, como una forma de alcanzar por lo menos algunos puntos de sus demandas.
Sin embargo, el diálogo debe tener una agenda específica para no tener sorpresas. Por ejemplo, si la petición de retomar las conversaciones con el gobierno tiene como agenda única que se instale el agua potable en el distrito capital, entonces se trata de una obra que debe estar a cargo de los organismos estatales en coordinación con las instituciones que tienen que ver con el servicio. Pero aquí la pregunta es ¿de dónde se obtendría el agua? Posiblemente se tomaría en cuenta los pozos con licencia que tiene el Proyecto Especial Tacna –y que no usa- y las dependencias del gobierno tendrían que elaborar el expediente para trasladar el recurso hasta el distrito capital.
La otra opción que podría presentarse es si la agenda comprende las aguas que está usando la minera Southern para dotar de ese recurso a la población del distrito. Ya se ha manifestado que, por ese lado, las posibilidades no van. Y es por el hecho que tendría que anularse las licencias de agua que tiene ahora la Southern y otorgar otras licencias con el volumen del caudal variado. Ni la empresa ni las entidades del Estado quieren romper compromisos de licencias de agua ya establecidos por ley.
La tercera opción de esta agenda sería que los alcaldes vuelvan a la carga con el pedido de la anulación de las licencias de agua de la empresa para que sean las autoridades e instituciones de la provincia las que manejen el recurso.
En los dos últimos casos sería como retornar a un círculo vicioso en donde las autoridades de Candarave no tienen cómo sustentar su pedido –por lo menos no lo han hecho hasta ahora- ni quieren el diálogo para encontrar alguna solución a lo que plantean, de forma tal que, como ahora, siempre vuelven a su posición inicial.
A estas alturas, el alcalde Vega y sus seguidores deberían de haber comprendido que con el diálogo se puede avanzar mucho más que el estancamiento que representan las intolerancias que, como ya lo dijimos en su oportunidad, solo perjudican a la población que representan.
Así están las cosas.