Con 66 votos a favor, 11 en contra y 06 abstenciones, se aprobó el Artículo 1 del proyecto de resolución legislativa que acusa a la exministra Betssy Chávez por el delito de rebelión y conspiración.
Con 66 votos a favor, 15 en contra y 03 abstenciones, se aprobó el Artículo 2 del proyecto de resolución legislativa que suspende a la congresista Betssy Chávez en el ejercicio de sus derechos y deberes funcionales en tanto dure el proceso penal.
Como está suspendida y no hay sentencia que cancele su mandato, los emolumentos son depositados en una cuenta. Si es absuelta, se le entrega el íntegro tras el conocimiento de la sentencia. Si es condenada, el monto revierte al presupuesto del Congreso.
La expresidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez, fue desaforada a través del mecanismo de suspensión en su condición de parlamentaria mientras duren las investigaciones en el Ministerio Público. En su lugar ingresará, Isaac Mita Alanoca, abogado y militante de Perú Libre.
Un dato a resaltar es que Perú Libre podría recuperar un congresista, ya que Betssy Chávez fue una de las primeras en renuncia a la entonces bancada oficialista para integrar Perú Democrático.
HUERTA Y SÁNCHEZ
Posteriormente, el pleno del Congreso también aprobó la acusación constitucional por la presunta comisión de los delitos de rebelión y conspiración contra Huerta Olivas en su condición de exministro del Interior y declaró haber lugar la formación de causa penal con 57 votos a favor, 18 en contra y 10 abstenciones.
Luego, la representación nacional aprobó la acusación constitucional contra el exministro Sánchez, en su condición de exministro de Comercio Exterior y Turismo, por la presunta comisión de los delitos de rebelión y conspiración. Fueron 50 votos a favor de declarar haber lugar a la formación de causal penal.
No obstante, la propuesta para suspender a Sánchez Palomino del ejercicio de su cargo congresal mientras duren las investigación penal en su contra no fue aprobada al obtener 27 a favor, 39 en contra y 18 abstenciones.
Se requerían como mínimo 50 votos para aprobar la acusación constitucional contra los exministros. Los miembros de la Comisión Permanente estaban impedidos de votar, según lo establecido en el Reglamento del Congreso.