Por: Ricardo Oviedo Z.
El primer ministro Alberto Otárola ha reiterado que el gobierno está en pleno trabajo para solucionar la crisis social del país. Mientras tanto, los extremistas que promueven las movilizaciones violentistas, anuncian una marcha de los cuatro suyos con la finalidad de sacar a la presidente Dina Boluarte del poder. Si el trabajo que dice el primer ministro que está llevando a cabo para acabar con este tipo de protestas no se acelera, cualquier medida posterior al incremento de las movilizaciones, tendrá el carácter de tardía.
Por su parte, el trabajo desplegado por la Fiscalía, parece tener mayor celeridad y coherencia. La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y su equipo de fiscales especializados, están en plena tarea de investigación para señalar a los organizadores y responsables de las muertes en las acciones violentas registradas desde el 7 de diciembre. De manera no oficial, se conoce que los proyectiles encontrados en las víctimas de las movilizaciones, por lo menos buena parte de ellas, no corresponden a armas de la Policía o del Ejército, lo cual daría respuesta a varias interrogantes relativas a la intromisión de soldados extranjeros y a la presencia de armas “hechizas” en los actos de violencia.
Pero hay algo muy positivo que ha aparecido en los últimos días: la respuesta ciudadana. Surge a raíz del principio básico que los derechos de cualquier persona terminan en donde empiezan los derechos de los demás. Las pérdidas en el país, estimadas en 300 millones de soles en enero y en 1,600 millones en diciembre pasado, afectan directamente a miles de familias que viven el día a día. Los comerciantes en Moquegua, Arequipa y Madre de Dios -no los hemos escuchado en Tacna ni en el Cusco- han señalado que protegerán sus ingresos a pesar de las amenazas y el terror que les imponen los vándalos. Colectivos ciudadanos han salido al frente en todas las ciudades del sur para hacer frente a los extremistas.
La Fiscalía está dando con su trabajo más confianza a la población que lo que manifiesta el Ejecutivo. Las peligrosas demoras del gobierno para tratar estos hechos, hace enarcar las cejas cuando se conoce que la presidente Boluarte es representante del Perú en el foro de Sao Paulo. ¿Está funcionando adecuadamente la DINI? ¿Apoya el gobierno con una buena logística a la Policía Nacional? ¿Deja el gobierno actuar al Ejército para que cumpla con la defensa de los intereses de la Patria? Sea como fuere, insistimos en el hecho que el gobierno debe actuar más rápido para no tener que lamentar más adelante situaciones contrarias al bienestar poblacional.
Así están las cosas