El 12 % de personas refugiadas y migrantes en Tacna, en su mayoría de nacionalidad venezolana, tienen necesidades específicas de protección, revela un monitoreo realizado entre agosto y setiembre de este año por la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) en Tacna.
El estudio detalla que en este porcentaje –que identifica hogares monoparentales, mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, así como personas víctimas de abuso físico o sexual, en condición médica crítica, con alguna discapacidad, adultas mayores, entre otras–, el 55 % lo conforman niñas, niños y adolescentes.
El informe fue presentado durante el seminario “Acceso a la justicia y derechos humanos para personas refugiadas y migrantes”, realizado por la Comisión Distrital de Acceso a la Justicia de la corte de este departamento fronterizo.
Según el reporte, las referidas personas refugiadas y migrantes han sido víctimas de trato denigrante e intimidación, devoluciones en frontera, manifestaciones xenófobas o discriminatorias, robo de dinero y pertenencias, así como de violencia basada en género entre otros incidentes.
VIOLENCIA Y XENOFOBIA
Para el presidente de la Corte Superior de Tacna, Pedro Limache Ninaja, esta región (que presenta una mayor cantidad de población proveniente de Venezuela) tiene una problemática especial.
“(Las personas venezolanas) han tenido hijos aquí y presentan necesidades de salud, bienestar, recreación y tienen derecho a su propia identidad en cuanto a sus costumbres”, señaló la autoridad judicial.
El seminario contó con la participación del juez supremo, Carlos Calderón Puertas, vicepresidente de la Comisión de Acceso a la Justicia del Poder Judicial, quien llamó la atención sobre la situación de vulnerabilidad que atraviesa la población venezolana refugiada y migrante.
El Poder Judicial indicó que, en lo que va del 2022, más de un millón de personas venezolanas han llegado a nuestro país (el segundo destino de refugiados y migrantes de esa nacionalidad a nivel mundial), de las cuales más de 500 mil han solicitado al Estado peruano la condición de refugiadas.
GUÍA PARA ACTORES JUDICIALES
Durante el seminario fue presentada de manera oficial en Tacna la ‘Guía para Actores Judiciales: Acceso a la Justicia de Personas Refugiadas y Migrantes en el Perú’, publicación elaborada por la Comisión Permanente de Acceso a la Justicia del Poder Judicial que preside la jueza suprema Janet Tello Gilardi.
El documento desarrolla principios, estándares internacionales y criterios jurisprudenciales de protección, así como decisiones por considerar en los procedimientos de control migratorio y en la determinación de la condición de refugiado.
Esta guía –resultado de un trabajo conjunto entre la referida comisión, Acnur y el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú (IDEHPUCP)–, tiene como meta garantizar un efectivo acceso a la justicia de las personas en movilidad humana (refugiadas, migrantes y apátridas).
Gabriela Ramos, del IDEHPUCP, sostuvo que esta guía, así como el ‘Cuaderno de Sentencias Emblemáticas para el Acceso a la Justicia de Personas Migrantes y Refugiados en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador y Perú’, es un gran aporte para juezas y jueces a fin de que puedan aplicarlas en su “día a día”.
Finalmente, Estefanía Azaña Escalante, jefa de terreno de Acnur Tacna, sostuvo que la guía tiene una visión bastante pragmática porque sistematiza convenciones, tratados y declaraciones internacionales que son de gran utilidad para los operadores judiciales.
Fuente: Andina