Para el abogado constitucionalista, Luciano López, uno de los posibles escenarios es que la fiscal de la Nación invoque a la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, organismo que contempla los delitos por los que se le acusa a Castillo.
“Tiene que invocar a la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, ya que contempla una serie de delitos que son por los que se le está investigando a Castillo. Al presidente se le está investigando por delitos contemplados en el tratado, que están en nuestra legislación, en nuestro Código Penal, claro, pero están articulados en lo que dice el tratado”, dijo para RPP.
Asimismo, argumentó que, en caso proceda en todas las instancias, la consecuencia final sería la suspensión de funciones, que dejaría como presidenta a Dina Boluarte.
“Es el tratado el que dice, en el artículo 30.2, que los funcionarios que tienen inmunidad —y obviamente Castillo tiene inmunidad— no pueden utilizar esa prerrogativa y sobreponerse a las acciones de investigación, procesamiento y sanción. La consecuencia de todo ello es una autorización del Parlamento y eso significa que el presidente quede inmediatamente suspendido de funciones; es decir, mantiene su cargo, pero no puede ejercer funciones, activando la sucesión”, agregó.
OMAR CAIRO: NO TIENE SENTIDO INVOCAR A LA CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA CORRUPCIÓN
Según el constitucionalista Omar Cairo, apelar a la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción no tendría sentido, ya que indica que los procesos deben darse de acuerdo con el ordenamiento jurídico de cada país.
“La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción dice que todo se debe realizar con conformidad del ordenamiento del Estado parte. No tiene sentido (…). Lo primero es que la denuncia haya sido por los delitos previstos en el artículo 117 de la Constitución. Eso daría lugar a que el Congreso habilite el proceso judicial contra Castillo. Lo otro es que sea una denuncia por infracciones a la Constitución, que no necesariamente son delitos, y el Congreso, a partir de esa denuncia, lo destituya”, precisó en diálogo con RPP.
Además, aclaró que en caso se trate de una infracción a la Constitución, la decisión que se tome tendría dos matices: uno jurídico y otro político, ya que el encargado de decidir sería el Congreso.
“Si fuera por una infracción constitucional, depende del Congreso, depende de que tenga mayoría. Es una decisión política porque lo decide el Congreso, pero también jurídica porque se tiene que demostrar que hay una infracción a la Constitución. No es porque gobierne mal o porque sea inmoral, sino porque ha infringido un artículo de la Constitución”, aseveró.
“CONJUNTO DE INDICIOS”
Según el abogado constitucionalista Aníbal Quiroga, la denuncia descubriría una crisis constitucional y es el turno del Congreso de determinar cuál será el siguiente paso.
“Significa una crisis constitucional que está tratando de solucionarse entre los cauces legales y constitucionales y que ha puesto en movimiento la fiscal de la Nación, presentando una denuncia importante ante el Congreso de la República. Ahora ella ya cumplió con su papel. Le toca definir al Congreso de la República cuál va a ser el paso siguiente, si le da cabida o no a la denuncia y va a permitir que desde la Presidencia se sigan cometiendo actos que el Ministerio Público califica como presuntos delitos o si va a blindar al presidente y vamos a esperar hasta el 2026 para poder estos actos y hechos que están siendo denunciados hoy día de manera contundente”.
En esa misma línea, el exministro de Justicia Víctor García Toma el solo hecho de que el Ministerio Público haya interpuesto la denuncia indica la existencia de un cúmulo importante de indicios.
“Que el Ministerio Público, luego de haber llevado a cabo una investigación preliminar, llegue a la conclusión de la necesidad de obtener la autorización del Congreso para formular una acusación penal, implica que ha logrado acumular un conjunto de indicios que llevan a la convicción de que el presidente ha incurrido en uno o varios delitos y, en consecuencia, queda a la espera del pronunciamiento del Parlamento”, finalizó.
Fuente: RPP