Por Ricardo Oviedo Zavala.
Hace poco, el gobierno decretó el estado de emergencia en varias provincias del país, con la finalidad que se tomen las medidas pertinentes por las lluvias, huaicos e inundaciones causadas por la anunciada corriente de El Niño y que ya está afectando el sur del país. La provincia tacneña de Candarave es una de ellas. Si el gobierno declara en emergencia una jurisdicción del país por lluvias intensas, ¿de qué falta de agua se están quejando las autoridades de Candarave?
Ha sucedido exactamente lo mismo que la convocatoria formulada hace algunas semanas por el alcalde de esa provincia, Rafael Vega Paniagua, en la localidad de Huaitire. Su intención era mostrar a las autoridades de la región, a la titular de Agricultura y a altos funcionarios de Lima, la sequedad de los bofedales y la conversión de extensas áreas de cultivo y pastizales, en terrenos eriazos. La sorpresa fue que quienes asistieron a Huaitire, encontraron los bofedales con agua y toda la zona verde de pastos.
La intención de las autoridades candaraveñas es revocar la licencia de la empresa Southern, que utiliza 1950 l/s de la provincia para las operaciones de las minas de Toquepala y Cuajone. El punto es que no especifican qué licencias quieren que se anulen ya que la minera tiene 7 licencias de agua. Cuatro licencias en Tacna y tres en Moquegua. Pero una cosa es exigir la revocatoria de licencias y otra exponer los sustentos técnicos para que esas licencias puedan ser anuladas. Y, de acuerdo a lo que se conoce, no tienen ninguno.
Los alcaldes de Candarave han contratado los servicios de catedráticos de la Universidad Nacional Jorge Basadre, para que hagan un estudio que demuestre que la falta de agua en la provincia no se debe a temporadas de sequía o al mal uso del recurso por parte de los agricultores de la zona, tal como sí lo demuestra un estudio llevado a cabo por una empresa certificada, que tomó más de dos años y que costó 10 millones de soles. Los catedráticos de la Basadre solo van a realizar un estudio académico que, a las finales, no es vinculante con la demanda que formulan los alcaldes.
Pero eso no es todo. Existe de por medio una campaña mediática en un medio de cobertura nacional que, al igual que los alcaldes candaraveños, no sustentan ni demuestran lo que ellos califican como denuncias en contra de la Southern. ¿Quién financia a esos medios de cobertura nacional? Tenemos entendido que ya están por iniciarse demandas legales por parte de la minera, por estar estos informes televisivos lejos de la verdad respecto del manejo operativo y técnico de la empresa.
Ex autoridades y representantes de Candarave también coinciden en afirmar que si no se sustenta técnicamente las demandas que formulan los alcaldes, no van a llegar a ninguna parte. Este 17 de junio se instala la Mesa de Diálogo integrada por los alcaldes de Candarave, representantes de la PCM, de Agricultura, autoridades regionales y representantes de Southern Perú. Si los alcaldes van a continuar con esa actitud de enfrentamientos y de gestores de campañas mediáticas en contra de la minera, solo porque no se les permite manejar los dineros del Fondo de Desarrollo Candarave -que es el meollo de todo este asunto-, las cosas no llegarán a ningún sitio, siendo los únicos perdedores los ciudadanos de la provincia de Candarave.
Así están las cosas.