La Comisión Permanente del Congreso dio un plazo de 15 días a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para investigar a Betssy Chávez, expremier y congresista, por tráfico de influencias y delitos de aprovechamiento indebido del cargo.
Esta decisión se tomó por 21 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención, a fin de que se emita el informe final del caso. Hamlet Echevarría (Perú Democrático) votó en contra y Edgar Reymundo (Cambio Democrático – Juntos por el Perú) se abstuvo en esta ocasión.
Patricia Benavides, actual fiscal de la Nación, fue quien presentó la denuncia constitucional contra la exparlamentaria. Un reportaje televisivo reveló que Betssy Chávez, cuando era ministra de Trabajo, habría beneficiado a dos familiares de Abel Sotelo, un empresario vinculado a ella, con cargos en el Estado.
Betssy Chávez se encuentra suspendida de sus funciones parlamentarias desde marzo pasado, mientras duren las investigaciones en su contra en la Fiscalía. Su lugar es ocupado ahora por su accesitario, el abogado Isaac Mita, quien integra la bancada de Perú Libre.
Uno de los beneficiados por Chávez fue Antonio Sotelo Calderón, denunciado por presunto maltrato psicológico, quien fue nombrado el 12 de enero del año pasado como representante del Ministerio de Trabajo ante el Consejo Nacional del Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial (Senati).
Posteriormente, Sotelo Calderón, quien conoció a la exministra durante la última campaña presidencial, pasó a Cofopri Tacna, entidad adscrita al Ministerio de Vivienda.
Fuente: RPP