El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez Miranda, planteó la incorporación de reservistas de las Fuerzas Armadas y exefectivos de la Policía Nacional al sistema penitenciario, como parte de una estrategia orientada a fortalecer el control y la seguridad en los establecimientos penales del país.
Durante una entrevista concedida a Canal N, el titular del sector afirmó que la prioridad de su gestión será restablecer el orden en las cárceles, condición que consideró indispensable para avanzar posteriormente en los procesos de rehabilitación y reinserción social de los internos.
“Para resocializar, lo primero es generar orden; sin orden en un penal, simplemente no hay autoridad y sin autoridad no hay rehabilitación”, sostuvo.
En esa línea, Álvarez indicó que el agente penitenciario cumple un papel fundamental dentro del sistema, por lo que consideró necesario incorporar personal con disciplina, formación en valores y preparación especializada.
El ministro señaló que su propuesta contempla convocar, mediante concurso público, a reservistas de las Fuerzas Armadas y a exintegrantes de la Policía Nacional para desempeñarse como agentes penitenciarios bajo la administración del sistema de penales.
Según explicó, muchos oficiales y suboficiales en retiro cuentan con capacitación técnica y experiencia adquirida dentro y fuera del país, capacidades que, a su juicio, podrían ser aprovechadas en la seguridad penitenciaria.
Álvarez también cuestionó la efectividad del actual modelo de rehabilitación en las cárceles peruanas y sostuvo que el crecimiento de la criminalidad está relacionado, entre otros factores, con la falta de una adecuada resocialización de los internos.
“El sistema debe enfocarse no solo en el delincuente, sino también en el ciudadano y la víctima”, manifestó.
Asimismo, propuso modernizar la infraestructura penitenciaria mediante la construcción de establecimientos diferenciados según el tipo de delito cometido. En ese sentido, planteó la implementación de penales más simples y de menor costo para internos condenados por delitos no violentos, mientras que los centros de alta seguridad estarían destinados a reos de mayor peligrosidad.
El ministro informó además que el Poder Ejecutivo ha iniciado coordinaciones con el Ministerio Público, la Policía Nacional y el Ministerio del Interior para evaluar mecanismos que permitan optimizar las investigaciones preliminares y fortalecer la lucha contra la delincuencia.