Por Edward Villa López.
Hay quienes violan la ley de frente. Y hay quienes hacen algo todavía más indignante: la usan para burlarse de ella. Eso representa la maniobra política atribuida al gobernador regional Lucho Torres.
La Constitución Política obliga a un gobernador que pretende ser alcalde a renunciar seis meses antes de las elecciones. La razón es elemental: impedir que compita desde el poder. Pero cuando decide no renunciar y aparece como primer regidor de una lista, apostando a llegar a la alcaldía por sucesión si la candidatura principal queda fuera de carrera -como lo han hecho-, ya no estamos ante una estrategia brillante. Estamos frente a una leguleyada robusta y de cogote grueso.
Eso tiene un nombre. Es un acto de prostitución jurídica. Es la vieja cultura de la viveza criolla disfrazada de malabarismo jurídico. Escudarse en que «la ley no lo prohíbe» es la coartada perfecta de quienes convierten las normas en un instrumento para burlarse de los ciudadanos y de la propia democracia.
Lo más grave no es la maniobra, sino el mensaje: que el poder sirve para encontrar atajos, que las reglas son para los demás y que la ética puede terminar convertida en papel higiénico cuando estorba a la ambición de poder.
Eso no es astucia política. Es cinismo. Es desfachatez. Es una obscenidad democrática. Y, si el lenguaje popular ayuda a retratar el tamaño del atropello, muchos ciudadanos lo resumirán sin rodeos: una pendejada electoral.