El Gobierno Regional de Moquegua solicitó una audiencia de carácter urgente al presidente de la República con el objetivo de sustentar la posición institucional de la región en defensa de su integridad territorial y solicitar la observación de la autógrafa del Proyecto de Ley N.° 11658/2024-PE.
La gobernadora regional remitió el Oficio N.° 264-2026-GRM/GGR al jefe de Estado, mediante el cual solicita sostener una reunión de alto nivel para exponer la posición institucional de la región respecto a la autógrafa del Proyecto de Ley N.° 11658/2024-PE, aprobada recientemente por el Congreso de la República.
La autoridad regional solicitó que la reunión se desarrolle el próximo 26 de junio, o en la fecha más próxima que disponga el Despacho Presidencial, con la participación de las principales autoridades regionales, provinciales y distritales de Moquegua, a fin de presentar los fundamentos técnicos, legales, históricos y territoriales que respaldan la defensa de la región.
En el documento, se expresa preocupación por los alcances de la denominada “Ley de Saneamiento de Tramos de la Provincia de Jorge Basadre y de algunos de sus distritos del departamento de Tacna”, al considerar que podría afectar espacios históricamente vinculados a Moquegua, particularmente en el sector de Quebrada Honda, distrito de Torata.
Asimismo, se solicita al Poder Ejecutivo evaluar la observación de la autógrafa, al advertirse posibles inconsistencias técnicas, legales y procedimentales, entre ellas el presunto incumplimiento del marco normativo en materia de demarcación territorial, la ausencia de una evaluación técnica integral con participación del Gobierno Regional de Moquegua, la existencia de un proceso constitucional en trámite y el eventual riesgo de generar incertidumbre jurídica y afectar la paz social.
El oficio precisa que esta solicitud responde a una posición institucional conjunta de las autoridades regionales, provinciales y distritales de Moquegua, quienes ratifican su compromiso con la defensa de la integridad territorial, el respeto al debido procedimiento administrativo y la preservación de la gobernabilidad.