En el marco de la cooperación judicial internacional entre el Perú y la República de Chile, el Ministerio Público obtuvo nueve meses de prisión preventiva con fines de extradición contra la peruana Hilda Mullaya Escarcena, requerida por las autoridades chilenas por su presunta participación en el delito de tráfico ilícito de migrantes.
La medida fue dictada tras la ubicación de la investigada en territorio nacional el pasado 29 de abril de 2026, activándose de inmediato los mecanismos de cooperación internacional y el procedimiento de extradición pasiva, en cumplimiento de los compromisos asumidos entre ambos países para la lucha contra la criminalidad organizada transnacional.
De acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron en diversas fechas entre marzo de 2018 y abril de 2019, período en el cual la investigada, junto a otros investigados actuando de manera concertada y con fines de lucro, habría facilitado el ingreso ilegal de ciudadanos extranjeros al país de Chile.
Para ello, los involucrados transportaban a las víctimas en un vehículo hasta el Complejo Fronterizo Chacalluta, en la ciudad de Arica, donde, previo pago de una suma de dinero, les brindaban instrucciones para evadir los controles migratorios. Asimismo, les proporcionaban documentación falsificada con sellos de la Policía de Investigaciones de Chile, para eludir los controles oficiales y lograr su ingreso ilícito al país. Posteriormente, las personas eran llevadas a distintos puntos de la ciudad de Arica.
Por estos hechos, el Juzgado de Garantía de Arica emitió el 05 de agosto de 2021 una orden de detención contra la referida ciudadana, al considerarla presunta autora del delito de tráfico ilícito de migrantes, previsto en el artículo 411 bis del Código Penal chileno.
En ese contexto, la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Trata de Personas formuló el requerimiento de detención preventiva con fines de extradición, el cual fue declarado fundado por el Poder Judicial en audiencia realizada el 30 de abril de 2026, dictándose nueve meses de prisión preventiva contra la investigada.
Dicha medida fue comunicada a la Oficina de Cooperación Judicial Internacional y Extradiciones del Ministerio Público, reafirmando el compromiso de las autoridades peruanas con el fortalecimiento de la cooperación internacional y la persecución eficaz de delitos que trascienden fronteras.