El consejero regional por la provincia de Tacna, Juan Ramos Arocutipa, inició acciones de fiscalización tras el trágico accidente ocurrido el pasado sábado 18 de abril en el sector de Viñani, distrito de Gregorio Albarracín, donde un menor de 8 años perdió la vida luego de ser arrollado por una motoniveladora perteneciente al Gobierno Regional de Tacna.
Como parte de las diligencias inmediatas, el consejero realizó una visita de inspección a la Subgerencia de Equipo Mecánico, además de solicitar a la Gerencia General Regional diversa documentación vinculada a la actividad de mantenimiento de vías en la zona. Entre los requerimientos figuran el convenio de apoyo interinstitucional con la empresa de transportes Ruta 101, las autorizaciones administrativas para el uso de maquinaria, el cronograma de intervención, así como el plan de actividades que detalle las medidas de seguridad implementadas.
El objetivo, según precisó Ramos Arocutipa, es recabar información que permita esclarecer los hechos, determinar responsabilidades y evitar que tragedias similares vuelvan a ocurrir por falta de supervisión en el uso de bienes del Estado.
Durante su recorrido, el consejero también visitó el lugar del accidente y el domicilio de la familia afectada, donde sostuvo que “no estamos ante un simple accidente, sino ante una cadena de negligencias que ha enlutado a una familia tacneña”.
Por su parte, la Subgerencia de Equipo Mecánico señaló que existiría una solicitud formal de la empresa involucrada y una autorización de apoyo social otorgada por la alta dirección en coordinación con la Subgerencia de Obras. Sin embargo, información difundida en medios de comunicación advierte que la maquinaria habría operado sin vigías ni señalización de seguridad en una zona de alto tránsito peatonal.
Asimismo, se ha puesto en cuestionamiento la inexistencia de un convenio formal con la empresa Ruta 101 y un posible incumplimiento de la Ley N.º 29783, al permitir el funcionamiento de maquinaria pesada sin un control adecuado de riesgos.
Todos estos hechos se encuentran actualmente en proceso de fiscalización e investigación por parte del Consejo Regional, en medio de cuestionamientos sobre el cumplimiento de los procedimientos administrativos en este tipo de intervenciones.