El Gobierno peruano oficializó este miércoles la declaratoria de estado de emergencia por 60 días calendario en cuatro distritos fronterizos de la región Tacna, como parte de una estrategia de seguridad para reforzar el control territorial en la zona sur del país y combatir delitos vinculados al crimen organizado, el tráfico ilícito y la migración irregular.
La decisión fue formalizada mediante el Decreto Supremo N.° 051-2026-PCM, publicado por el Poder Ejecutivo, y comprende específicamente a los distritos de Palca, Tacna y La Yarada-Los Palos, en la provincia de Tacna, así como al distrito de Tarata, en la provincia del mismo nombre.
Según detalla la norma, la medida responde a la necesidad de restablecer el orden interno en sectores estratégicos de la frontera con Chile, considerados vulnerables frente al incremento de actividades delictivas, ingresos clandestinos y otras amenazas a la seguridad nacional.
Durante la vigencia del estado de emergencia, la Policía Nacional del Perú (PNP) mantendrá el control del orden interno con el respaldo operativo de las Fuerzas Armadas, que desplegarán personal y equipamiento para ejecutar acciones de vigilancia, patrullaje y control territorial en toda la franja fronteriza.
El decreto establece que se implementará un operativo integral de seguridad en la línea limítrofe con Chile, con patrullajes motorizados permanentes, vigilancia armada y bloqueo físico de todos los pasos clandestinos detectados por inteligencia.
Asimismo, las autoridades contarán con tecnología de última generación para el monitoreo continuo de la frontera, incluyendo el uso de drones, cámaras térmicas y vehículos blindados ligeros, con el objetivo de supervisar el área durante las 24 horas del día y detectar movimientos sospechosos en tiempo real.
DEVOLUCIÓN INMEDIATA DE EXTRANJEROS QUE INGRESEN IRREGULARMENTE
Uno de los puntos más estrictos de la medida es la disposición de devolver de manera inmediata a ciudadanos extranjeros que intenten ingresar al territorio nacional por pasos no autorizados, en un intento del Ejecutivo por endurecer el control migratorio en la frontera sur.
La norma también faculta a la PNP y a las Fuerzas Armadas a intervenir en cualquier punto de ingreso informal y actuar de manera inmediata frente a cualquier intento de vulneración de la soberanía territorial.
SUSPENSIÓN DE DERECHOS CONSTITUCIONALES
Como parte de la declaratoria, el Ejecutivo dispuso la suspensión temporal de varios derechos constitucionales en las zonas intervenidas, entre ellos:
La inviolabilidad del domicilio
La libertad de tránsito
La libertad de reunión
La libertad y seguridad personales
Estas restricciones estarán vigentes durante los 60 días que dure el estado de emergencia, permitiendo a las fuerzas del orden actuar con mayores facultades para ejecutar operativos de control, intervención y prevención del delito.
Fuente: Perú21